Gobierno de BC no ejerció cerca de 400 mdp en salud y seguridad pública: PRI

*Legislador priista urgió a gobiernos garantizar la correcta aplicación de recursos públicos
Antonio Heras
Mexicali.- El Gobierno de Baja California hizo una “mala aplicación” de recursos federales por un monto cercano a los 400 millones de pesos, según el Informe de Resultados de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2013, sostuvo el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, René Mendívil.
Al 31 de diciembre de 2013, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) registró un subejercicio de 109 millones de pesos y en el Fondo de Aportaciones al Sector Salud (FASSA) no se habían ejercido 272 millones de pesos.
Mientras la entidad registra una incidencia delictiva superior a la tasa nacional, la ASF detectó un subejercicio del 35.6% de los recursos federales transferidos al gobierno estatal para ese ejercicio presupuestal.
Mendivil expresó que el informe de la ASF advierte que sólo se realizó el 55.5% del total de evaluaciones a servidores públicos comprometidas en las metas del programa Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.
Otras irregularidades que observó la auditoría son los contratos de obra que se adjudicaron por medio de invitación y la adjudicación directa para la compra de equipo especializado en los Centros de Reinserción Social de Mexicali y de El Hongo.
“En Baja California los recursos del FASP tuvieron un impacto poco significativo por la inoportunidad en el ejercicio de los recursos y la aplicación con fines distintos a lo que establece la normativa, pues no se realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos ni se cumplieron sus objetivos y metas”, sostuvo Mendívil.
En el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se detectó un subejercicio de 17.9% de los mil 77 millones 749 mil pesos transferidos, lo que provocó que se incumpliera el programa de obras.
Tampoco se ejercieron 65 millones 72 mil pesos para desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema y apoyos a la población en desamparo ni para construir, equipar y rehabilitar la infraestructura física de educación básica ni equipamiento para educación superior.
El gasto público debe contribuir a contener la caída de la actividad productiva y, bien utilizado, a propiciar la reactivación económica, por ello las administraciones estatal y municipal están obligadas a instrumentar las medidas para evitar subejercicios presupuestales y cumplir con los objetivos del gasto público para mejorar la seguridad pública e impartición de justicia, contribuir al desarrollo social, generar mayores empleos e incentivar el mercado local y la inversión productiva.