Denuncias ambientales contra Ayuntamiento por “graves daños” al Valle de Mexicali

*Camiones del municipio depositan basura en “tiradero del ejido Benito Juárez”
*Viola leyes federales y estatales en matera ambiental
Antonio Heras
Mexicali.- Autoridades ambientales de México y Baja California investigan dos denuncias ciudadanas en contra del Ayuntamiento de Mexicali por violar la Norma Oficial Mexicana 083-Semarnat-2003 al depositar basura en un “tiradero” del Valle de Mexicali  que provoca grandes daños al ambiente.
A principios de marzo, se solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Protección al Ambiente del Gobierno de Baja California que investigaran los señalamientos documentados con fotografías y testimonios, clausurar el tirador y sancionar con multa por abrir nuevos tiraderos a cielo abierto, lo que contraviene la NOM.
De acuerdo a las denuncias, camiones de Servicios Públicos Municipales han depositado durante los últimos meses, de manera ilegal, “cientos de toneladas de residuos sólidos urbanos en el predio denominado Tiradero del ejido Benito Juárez”, de acuerdo a evidencias que presentó el denunciante, cuya identidad se mantiene bajo resguardo, lo que contravine toda norma, reglamento y leyes en materia de residuos sólidos.
Este predio se ubica a un costado del canal Pacífico, principal alimentador de agua para consumo doméstico, comercial e industrial de Mexicali y la zona Metropolitana de Tijuana., a la altura de la carretera al puerto de San Felipe
Existe una prohibición de verter residuos en vía pública, predios baldos, zonas rurales y lugares no autorizados, además de abrir nuevos tiraderos a cielo abierto, según el artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.
La primera denuncia la recibió la Secretaría de Protección al Ambiente del Gobierno de Baja California, el 4 de marzo, que faculta a toda persona a denunciar a las autoridades ambientales cualquier hecho, acto u omisión que produzca desequilibrios ecológicos, daños al ambiente, a los recursos naturales o que contravenga la ley, con base en el artículo 167 de la Ley de Protección al Ambiente.
Ese mismo día, la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) admitió la segunda denuncia en contra del gobierno municipal y particulares por depositar basura en un terreno que carece de protección para prevenir “el impacto de suelo, subsuelo y aire” lo que provoca un grave impacto ambiental.
El terreno no es un relleno sanitario, señaló la denuncia, sino un “simple basurero tiradero ilegal” que implica efectos adversos al ecosistema y responsabilidad administrativa y penal a los responsables de autorizar que los camones descarguen la bura en ese sitio.
El denunciante pidió a Profepa aplicar la clausura total de predio y detener el desequilibrio ecológico por contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas y la salud pública.
“El Ayuntamiento de Mexicali es el impulsor de los daños ambientales que se están produciendo en el sitio y en la zona adyacente dado que los camiones del municipio y otros particulares han tirado residuos de manera periódica, lo cual es inaudito porque el gobierno debe ser un precursor del cuidado ambiental”, señala el documento.
Por ello, pidió que se investigue y determine la responsabilidad  de las personas que transportan los residuos, los propietarios del predio y las autoridades que hayan consentido acciones contaminantes, delitos contra el ambiente y la gestión ambiental que se encuentran contenidos en el Código Penal Federal.
En caso que la Profepa detecte un delito durante la investigación, el denunciante pidió que lo haga del conocimiento de manera inmediata a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente de la Procuraduría General de la República.
Las denuncias se presentaron diez días antes que el Ayuntamiento bloqueara los accesos y se apropiara de las instalaciones del centro de transferencia y relleno sanitario propiedad de Promotora Ambiental (PASA), luego que esta empresa advirtió sobre un adeudo de 74 millones de pesos del servicio de recepción y disposición final de desechos sólidos en la capital de Baja California.