Consignan a juez primer expediente de tortura en BC

*Acusan de tortura a agentes estatales contra un supuesto Macho Prieto
*Le rompieron siete costillas y le perforaron un pulmón a Adrian Vázquez
Antonio Heras
Tijuana, 13 de abril.- El primer caso de denuncia de tortura de agentes policíacos en contra de un ciudadano se encuentra en un juzgado del Poder Judicial de Baja California.
Es uno de los casos documentados de tortura por el Relator de la Organización de las Naciones que provocó el rechazo frontal del gobierno mexicano.
También se encuentra en el informe Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México de Amnistía Internacional.
La Procuraduría General de Justicia de Baja California consignó el expediente al juzgado local ante las evidencias que presentó la defensa de Adrian Vázquez Lagunes al que los policías lo confundieron con Gonzalo Insunza, El Macho Prieto, un teniente de la droga del Cartel de Sinaloa.
Pese a que El Macho Prieto fue ultimado en Puerto Peñasco, Sonora, y la probada confusión la víctima de tortura aun se encuentra preso en Tijuana por delincuencia organizada.
Los policías le rompieron siete costillas, le perforaron un pulmón y le produjeron lesiones en el bazo, comentó a La Jornada su abogada Sandra Esquer.
De manera tradicional, dijo Esquer, son casos de impunidad y violencia institucionalizada donde la tortura es cometida por agentes policiacos.
En septiembre de 2012, la Interpol alertó a las corporaciones policiacas de Baja California sobre la presencia en Tijuana y Playas de Rosarito de Gonzalo Inzunza Uriarte, El Macho Prieto, lugarteniente de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, quien había aniquilado policías sonorenses y bajacalifornianos, ademas de traficantes aliados y rivales que osaron desobedecer sus instrucciones o robar droga.
Con la información de la Interpol,  agentes de la PEP allanó casas y realizó detenciones en al menos tres municipios de la entidad en busca de Inzunza Uriarte.
La SSP informó que el 26 de septiembre de 2012, en Paseo de las Lomas, fraccionamiento Terrazas del Valle, en Tijuana, se interceptó a una camioneta Ford Explorer 2002, cuyo conductor se identificó como Adrián Vázquez Lagunes, de 30 años de edad, originario de Veracruz. Su acompañante dijo ser Luis Gabriel Ramírez Dueñas, de 27 años, nacido en San Diego, California.
Según el comunicado, se le decomisaron dos armas de fuego calibre 380, un cargador con cinco cartuchos y 16 envoltorios de droga sintética. Además, el primero confesó que le apodaban El Macho Prieto y que era operador de los Arellano Félix en Tijuana.
Los policías lo entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a las 3 horas del 27 de septiembre, 12 horas después de su detención. En ese lapso lo torturaron y le causaron lesiones graves, por lo que fue trasladado al hospital general de Rosarito, vigilado por policías y militares.
Su estado de salud se agravó porque en 17 hospitales de Tijuana le negaron atención. Como se había difundido que se trataba de un narcotraficante, los directivos y médicos temían que pistoleros intentaran rescatarlo. Al final fue internado en el Hospital General de Tijuana, donde lo operaron y le cortaron parte del bazo.
Veinticuatro horas después de su presentación ante la PGR, convaleciente, fue ingresado a la penitenciaría de Tijuana y el 7 de octubre trasladado al penal de El Hongo, en Tecate.
La defensa demostró que Vázquez Lagunes no iba en un auto robado, que fue identificado de manera incorrecta y que las únicas pruebas en su contra eran las que presentó la policía estatal. Las declaraciones de vecinos que avalaron que no era un delincuente fueron ignoradas.
La defensa también presentó pruebas de que las armas y los envoltorios de droga con un peso de 3.8 miligramos de ice le fueron sembrados por los agentes, además que fue torturado y se violó su derecho a la salud.
Vázquez Lagunes es veracruzano, tiene cuatro hijos, el menor de los cuales padece síndrome de Down. En Tijuana, donde se avecindó, era propietario de dos taxis (calafias) que fueron vendidas por su esposa -quien trabaja en una maquiladora- para solventar los gastos de su litigio.