Columna Sin Escalas: La obligada explicación

*Elvira Luna Pineda
Sin duda alguna, los hechos lamentables y fatales en los cuales perdiera la vida el Magistrado Marco Antonio López Magaña, nos han conmovido a propios y extraños. No es la primera vez que muere un funcionario de alto nivel. Don Héctor Terán Terán murió siendo gobernador y  exactamente a la mitad de su sexenio, su muerte estremeció a toda la población del Estado, era considerado “el caballero de la política” que pretendía darle a su mandato un gobierno con rostro humano.
Mi ex compañero de curul en la XVIII Legislatura del Estado José Francisco Blake Mora, murió siendo Secretario de Gobernación, la noticia de su muerte a causa de un accidente aéreo llegó como un balde de agua fría que me conmocionó. Apenas unas semanas antes de su muerte habíamos platicado por horas del pasado, presente y de ese futuro que nunca llegó.
Y tal como ahora surgen comentarios de que no es la primera vez que quien siendo Presidente del Poder Judicial fallece, es totalmente correcto. El Licenciado Jaime Rico Jiménez murió ostentando este puesto, lo que motivó se activara el procedimiento de sucesión mediante el cual ascendió a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, la Magistrada María Esther Rentería.
Y aún cuando la mayoría no recuerda el dato, el mismo Magistrado Marco Antonio López Magaña llegó a la magistratura en sustitución del Magistrado Reynaldo Rodríguez Moreno, quien perdiera la vida en un accidente automovilístico. Sin embargo, todas estas fatales noticias nos han llegado en forma muy distinta. A diferencia de los demás, el Magistrado López Magaña murió por decisión propia, ya que de acuerdo con las posturas oficiales de la Procuraduría, la causa de la muerte fue por decisión personal, y de acuerdo con la autopsia practicada al cadáver del magistrado, la causa de la muerte fue declarada como “asfixia por ahorcamiento”.
Al magistrado lo trate por años, le conocí siendo Juez de lo Familiar en Mexicali y siempre constate en él un gran compromiso por la justicia. En varias ocasiones me reuní con él en forma institucional, interesado –como común denominador- en su actuar por allegarse de mayores herramientas de actualización jurídica que le permitieran tomar las mejores decisiones judiciales, sobre todo cuando en los asuntos contenciosos se afectaban derechos de personas menores de edad. Mucho se ha dicho en estos días respecto los motivos que pudo tener, respecto a esto sólo expresaré mi mayor respeto a su familia y a su memoria.
No me ocuparé de su persona, sino de su investidura. ¿Qué motivos pueden hacer que una persona que ostenta uno de los tres cargos de mayor investidura en el Estado tome esa decisión? Se de sobra que en esos niveles suelen darse fuertes presiones y traiciones que afectan además del entorno laboral y gubernamental, también el ámbito personal, lo digo con conocimiento de causa, fui Presidenta del Poder Legislativo y me consta que los embrollos del poder suelen ser complejos en grado superlativo. Sin embargo su muerte por decisión propia nos debe de llevar como sociedad y como gobierno a cuestionarnos ¿Qué es lo que está pasando? Que el mismo Presidente del Tribunal decide suicidarse.
No sé si ya lo asimilaron, pero es algo verdaderamente fuerte. Si fueron motivos de salud, bien merece la pena analizar si los más altos cargos de los tres poderes del Estado merecen ser evaluados en forma objetiva por entes totalmente externos, tanto para asumir un cargo como para permanecer en él. En mi experiencia profesional he pasado por gran cantidad de exámenes de conocimientos, psicológicos, médicos, toxicológicos, por el tan cuestionado polígrafo y en fin, una gran cantidad de evaluaciones que hoy por hoy son necesarias.
Porque no atrevernos a analizar, simplemente analizar en forma objetiva y razonada – al margen del caso del magistrado López- si mujeres y hombres que se ostenten como legisladores, magistrados, jueces, secretarios del gabinete del gobernador, el mismo titular del ejecutivo, además de alcaldes y regidores, cumplen con la salud mental y física para además de realizar con los más altos niveles la tecnicidad de su función gubernamental, también la entereza para los embates propios del ejercicio del poder, poder que desafortunadamente se ha envilecido en formas y en fondo.
Pues quien ha decidido quitarse la vida no es un ciudadano de a pie –hecho que también debe importarnos- ha sido una de las tres personas con mayor jerarquía gubernamental en Baja California, por lo que en un ejercicio imparcial de transparencia y rendición de cuentas, la ciudadanía tenemos el derecho de una obligada explicación y de saber que está pasando de puertas para dentro en las oficinas gubernamentales. ¡QEPD el ser humano!
*La autora de esta columna es Abogada, Vicepresidenta Nacional de la Academia de Género de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C.
Twitter: @mujerporlapaz