Acepta gobierno de BC recomendación por tortura de agentes de la PEP

*Caso Adrián Vázquez Lagunes, documentado en informes de la ONU y Amnistía Internacional sobre tortura en México

Antonio Heras
Mexicali, 31 de mayo.- “No tienes idea de cómo me torturaron”, escuchó Olga Judith Luna cuando vió a su esposo en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Tijuana “todo golpeado, los brazos hinchados y cuando lo abracé (así) me dijo”.

Este testimonio forma parte de una recomendación que hizo la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana (PDH) sobre la violación al derecho a la vida y a la integridad personal en la modalidad de lesiones y tortura de Adrián Vázquez Lagunes, un hombre detenido el 26 de septiembre de 2012 por agentes de la Policía Estatal Preventiva.

En el documento de la PDH se integran siete recomendaciones, de las cuales la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California (SSPE) aceptó seis y rechazó la relacionada a la reparación del daño causado a Vázquez Lagunes, acusado de ser “El Macho Prieto”, Gonzalo Inzunza, un teniente del Cártel de Sinaloa que resultó muerto en 2013 durante un enfrentamiento policiaco en Puerto Peñasco, Sonora.

“Me pusieron una bolsa negra en la cabeza, nos tuvieron como media hora y nos llevaron a la colonia Chilpancingo, nos siguieron poniendo la bolsa y nos cambiaron de carro, de ahí nos llevaron a la PEP, y estando ahí adentro me torturaron, ponían la bolsa negra, golpes en el estómago, se me subían al estómago…”

La recomendación 15/2015, última de este organismo autónomo que a partir de este 1 de junio se convierte en Comisión Estatal de Derechos Humanos, solicita la investigación de la Dirección de Asuntos Internos de la SSPE e inicie el procedimiento administrativo sancionatorio contra los agentes estatales José Manuel Camacho Vázquez, Francisco Javier Ponce Huerta y Martín de Dios García Orozco, contra quienes se consignó además el expediente ante un juzgado penal local por tortura.

“El agente que me golpeaba empezó a ponerme una bolsa de plástico adentro del carro, unas cinco veces, me preguntó por armas y por droga…”

La Organización de Naciones Unidas, a través del relator de Derechos Humanos, y Amnistía Internacional -en su Informe “Fuera de control tortura y otros malos tratos en México”- coincidieron en que Vázquez Lagunes fue víctima de tortura por parte de agentes preventivos estatales.

Según dictámenes legistas de la propia PGR y de los hospitales de Rosarito y Tijuana, los golpes provocaron a la víctima la rotura de siete costillas, estallamiento de vejiga y afectaciones en el bazo, producto de un lapso de siete horas en el que permaneció con los agentes antes de su entrega a la Agencia del Ministerio Público de la Federación.

A su ingreso, el perito médico forense de la delegación de la PGR señaló que por su naturaleza las lesiones “no ponen en riesgo la vida tardan en sanar menos de 15 días”.

Sin embargo, el peritaje de la Procuraduría de Justicia del Estado estableció que son “lesiones innecesarias para el aseguramiento, la detención y traslado de personas en donde se demuestra un uso excesivo de la fuerza”, mientras que especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyeron que “el agraviado presentó lesiones físicas similares a las que se producen en actos de tortura”.

Su arresto se produjo ante la alerta que emitió la SSPE sobre la presencia de “El Macho Prieto” en Tijuana, por lo que se realizaron varios cateos sin orden judicial en diferentes puntos de esta ciudad fronteriza.

Vázquez Lagunes, detenido cuando viajaba en una camioneta de servicio público, fue acusado por delitos de delincuencia organizada, posesión de armas y de droga sintética y aún permanece en el penal de El Hongo en Tecate, según la causas penales 514/2013-D del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales y la 229/2015 del juez Octavo Penal del Fuero Común. En estos años, sólo lo mantiene en prisión los miligramos de droga que le “sembraron” los policías, señala su defensa legal.

“De ahí nos llevaron otra vez a sus oficinas y fue cuando me cambiaron de ropa y me tomaron fotos con un arma y droga, de ahí me trasladaron a la PGR y ahí empecé a sentir mucho dolor, me tuvieron que revisar los médicos e intervenirme…”

Hasta el momento, el juez no ha girado la orden de aprehensión contra estos servidores públicos que se encuentran activos en la Policía Estatal Preventiva, pese a la recomendación y la consignación de su expediente por el delito de tortura.

El secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, argumentó en oficio SSP/0791/2015 de fecha 25 de mayo, que “no se acepta” la segunda recomendación por considerar que el pago de daños y perjuicios procede a partir del dictamen de un procedimiento del órgano de control estatal o de la sentencia de un juez.

La PDH sostiene que procede la indemnización a Vázquez Lagunes por la responsabilidad patrimonial del Estado que está obligado a reparar los daños causados por un hecho ilícito de uno de sus entidades públicas, como es el caso