• junio 15, 2015
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Acepta gobierno de Baja California alerta de violencia de género

centro civico**Activistas y abogadas darán seguimiento a las 14 recomendaciones que de incumplirse se emitirá una alerta de violencia de género el 15 de diciembre
Antonio Heras
Mexicali.-El Gobierno de Baja California aceptó las 14 recomendaciones del informe sobre la violencia de género para solucionarlas en un lapso de seis meses, de incumplirlas se emitiría la alerta en la entidad, informó la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos.
El Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación dio a conocer a la administración de Francisco Vega de Lamadrid sobre estas recomendaciones, a partir de las conclusiones del “Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Baja California”.
Este informe contiene, entre otras acciones, la aprobación de reformas legales para crear una base de datos única, sistematizada e integrada con información de víctimas y agresores, además de garantizar la protección de datos personales y el acceso a la información.
“Dicha base de datos deberá proveer información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad, a fin de conocer sus tipos, modalidades y tendencias, y poder diseñar políticas públicas a nivel estatal y municipal en la materia”, señala al tiempo de advertir que la información se canalizará al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) creada por mandato de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El 27 de enero de 2015, la directora y representante legal de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos Mertixell Calderón, presentó la solicitud de declaratoria de alerta de género, la cual fue admitida en marzo para crear el grupo de trabajo integrado por representantes de organizaciones fronterizas de la sociedad civil, Inmujeres, El Colegio de la Frontera Norte y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros.
Para la activista, en Baja California existe un contexto de delitos que atentan contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, lo que ha generado un reclamo social por la falta de interés de las autoridades estatales “manifiesta en su insistencia en negar el fenómeno de violencia feminicida y la falta de tipificación efectiva del delito de feminicidio, lo que refleja una misoginia institucional”.
En marzo de 2015, el Congeso del Estado realizó reformas al Código Penal para detallar el supuesto de feminicidio, toda vez que estaba tipificado pero nunca se abrió alguna avrigicaiòn pervia por el delito, hasta que el 1 de abril fue consigando en Tijuana el primer con el asesinato de una mujer por su esposo al existir una relación de parentesco, de acuerdo al coordinador de la Subprocuraduria contra la Delincuencia Organizada.
Según la Procuraduría General de Justicia del Estado, hasta esa fecha no se habían cometido feminicidios y prueba de ello es la inexistencia de actas que así lo acreditaran, además que al pronunciarse sobre asesinatos de mujeres las culpabilizaba de sus muertes y hasta las atribuía a surelación con el crimen organizado o crímenes pasionales, señaló Mertixell Calderón.
En su solicitud de alerta de género advirtió que existe una violencia sistemática contra las mujeres en un ambiente de impunidad, pues “los asesinatos de mujeres se caracterizan por su brutalidad: cuerpos mutilados, decapitados, restos de cadáveres disueltos en ácido, múltiples navajazos, decenas de balazos, cuerpos desollados y calcinados o restos de cadáveres expuestos en lugares públicos”.
Entre los patrones de dichos delitos y lugares específicos destacan los contenedores de basura y fosas clandestinas, mientras que los asesinatos contra mujeres transexuales, transgénero y travestis, o de hombres homosexuales por su apariencia femenina, consideró que son víctimas de violencia misógina sistemática y son invisibilizados al “no ser contabilizados como homicidios de mujeres, debido a la misoginia y transfobia de las y los servidores públicos”. La mayor indcidencia se da en Ensenada, Tecate, Mexicali y Tijuana en forma violenta y brutal en extremo por lo que se trata de “delitos de odio, cometidos con saña”.
Con base en un seguimiento de la Red Iberoamericana en medios de comnicación entre 2011 y 2013 se cometieron 225 homicidios contra mujeres, quienes fueron apuñaladas, decapitadas, incineradas o cuyos cuerpos aparecieron en los canales de la periferia de las ciudades. De 2012 a la fecha, se han encontrado varios cadáveres de mujeres transexuales, travestis y transgénero en el canal de agua de riego ubicado entre los ejidos Mezquital y Hermosillo del Valle de Mexicali.
El próximo domingo se realizará en Tijuana la quinta Marcha de las Putas donde activistas, abogadas y luchadoras sociales se responsabilizarán para dar seguimiento a las 14 recomendaciones aceptadas por el gobierno de Francisco Vega de Lamdrid por la alerta de violencia de género en Baja California.

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