Corrupción, influyentismo e impunidad de autoridades en litigio familiar por el Hotel El Cortéz de San Felipe

Jorge Heras, Mexicali, 22 de junio.- La batalla legal que lleva a cabo la familia Rodríguez Romero desde el 2005 por la administración de uno de los hoteles más emblemáticos del puerto de San Felipe, ha involucrado a jueces de la Junta local Conciliación y Arbitraje, quienes a decir de una parte de la propia familia han actuado de manera parcial para trabar y detener la resolución condenatoria de un juez federal.
El encono de una de las familias más conocidas y de abolengo del puerto, en parte por sus antecedentes históricos ya que son descendientes del ex gobernador de Baja California y presidente de la república, el General Abelardo L. Rodríguez, nace a raíz de la muerte de Juan Nepomuceno Rodríguez Mérida (10 de marzo 1998)- hermano del presidente municipal de Mexicali, José María Rodríguez Mérida “El Chemalo”(1965-1968)- ya que en su testamento dejó como legataria usufructuaria vitalicia del Hotel “El Cortéz” a su esposa, María Esthela Romero Real de Rodríguez.
Sin embargo el punto más álgido de la disputa se dio el 26 de septiembre del 2005 cuando Javier Alejandro, Jorge y Juan Jesús Rodríguez Romero se autonombraron administradores únicos de la Sociedad Denominada Impulsora Turística Rodríguez S.A. de C.V, la cual administra el hotel, por lo que dejaron fuera no sólo a dos de sus hermanos sino a su mamá y se apoderaron de las cuentas y organización de la empresa.
Producto de esta acción, los afectados interpusieron una demanda ante la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) por los delitos de robo, despojo, administración fraudulenta y lo que resulte, pero el  Juzgado Sexto de lo Penal,  a cargo de la juez Marisela Macalpin negó la Orden de Aprehensión al considerar que no se acreditaban los delitos por los que fueron consignados.
En su momento uno de los representantes de la empresa, Juan Pablo Leyva Rodríguez aseveró que ante las pruebas contundentes y pese a que los autores del delito estaban confesos “se mantuvo la impunidad “por tratarse de un caso de más de influyentismo y corrupción”.
La única mujer de los cinco hermanos, Maria Esthela Rodriguez Romero, en entrevista para La Jornada Baja California, cuenta que a casi 10 años del día en que “ilegalmente y con lujo de violencia” fueron despojados de un bien heredado, se han interpuesto más de una decena de demandas, amparos y quejas en distintos juzgados y tribunales, en donde a pesar de obtener sentencias favorables en casi todos, el caso sigue estancado.
“Durante todo el proceso, licenciados, actuarios, jueces y notarios públicos han actuado de manera parcial apoyando las ilegalidades de mis hermanos, por eso es que no hemos podido avanzar a pesar de tener las pruebas y resoluciones a nuestro favor”, refirió.
La última irregularidad que denunció Víctor Manuel y María Esthela; junto con su mamá, María Esthela Romero y los ex trabajadores del Hotel, Ramón Sánchez y Manuel Monter fue derivada de una serie de juicios que datan del 12 de noviembre del 2012 y cuya última resolución condenatoria se dio el 23 de marzo del 2014 cuando se ordenó a Impulsora Turística Rodríguez la reinstalación de los demandantes y la ejecución forzosa a través de la traba de embargo bajo la modalidad de intervención de las cuentas administrativas del Hotel. Sin embargo la empresa interpuso un amparo indirecto que fue negado por lo que a pesar de que la Junta de Conciliación había puesto fecha para la ejecución del laudo, se le informó al par de hermanos y ex empleados que toda acción jurídica quedaría suspendida por existir un estallamiento de huelga desde el 26 de noviembre del 2014 promovido por Humberto Gallardo Guillén en su carácter de Secretario General de Sindicato de Trabajadores Rurales y Similares “Primero de Mayo” perteneciente a la CROC.
No obstante esta parte de la familia encabezada por la mamá demostró con el acta notarial 4042 volumen 124 del fedatario número 12, Raúl López Quintero, que la huelga era una simulación por parte del sindicato en contubernio con sus hermanos y ahora administradores de la empresa (Javier Alejandro, Jorge y Juan Jesús) toda vez que el Hotel funcionaba con normalidad e incluso facturaban a nombre de Impulsora Turística Rodríguez.
Con las pruebas que convalidad este hecho presentaron una solicitud de declaración de inexistencia de huelga que no ha sido respondida por lo que el 12 de mayo de este año  acudieron a la Agencia del Ministerio Público de la Federación por el delito de asociación delictuosa en  contra del Gallardo Guillen; de Javier, Jorge y Juan Rodríguez Romero; y de sus abogados del despacho Heberto Garrido Limón y Asociados.
Los quejosos consideran que también en esta situación de la “huelga ficticia”, hay complicidad de las autoridades laborales con el sindicato y sus familiares, aunque en esta ocasión confían en que las autoridades federales tomen cartas en el asunto.
Uno de las cuestiones que detonaron mayor molestia de Víctor Manuel y María Esthela Rodríguez Romero fue la actuación del presidente de la junta local de Conciliación y Arbitraje, Jorge Mario Mendoza Domínguez quien al inicio había determinado que el paro de labores en el Hotel era simulado pero días después cambio de parecer y resolvió que “el estallamiento de la huelga suspendía los efectos de las relaciones de trabajo y tramitación de solicitudes y conflictos de naturaleza económica”.
Aunado a esto, los demandantes manifestaron que el “cinismo” de la relación que hay entre el juez e Impulsora Turística Rodríguez es que en las rifas internas que hacen en la Junta de Conciliación por fechas festivas como el Día de la Madre, el premio principal fue un fin de semana de hospedaje en el Hotel “El Cortéz” cuando se supone que hay paro de labores.