Protección a periodistas y defensores de derechos humanos es un fracaso: Activista

Jorge Heras
Mexicali, 4 de agosto.- Las ejecuciones a periodistas y activistas que cuentan con el mecanismo de protección, que proporciona la Secretaría de Gobernación a través de una junta de gobierno, ha demostrado una y otra vez que no funciona e incluso que «ha fracasado como proyecto”, advirtió el defensor de los derechos humanos, Miguel Ángel García Leyva.

“Hay un común denominador que ilustra hasta dónde ha llegado la situación de alto riesgo para reporteros y defensores de los derechos humanos, y es la impunidad con la se mantienen la mayoría de los casos de agresión”, advirtió.

El también representante legal de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas de Baja California sostuvo que, desde la creación del mecanismo de protección en 2012, el programa ha sido muy cuestionado porque a pesar de estar respaldado por una ley e incorporado a instituciones gubernamentales como la Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otros, “el balance ha sido adverso para quienes buscan ampararse en este programa porque en lugar de disminuir, las amenazas han aumentado, a pesar que se han implementado medidas de protección”.

El caso del reportero gráfico de Proceso, Rubén Espinosa, puntualizó, evidencia el fracaso del mecanismo ya que «el periodista veracruzano era beneficiario del programa».

El mecanismo de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos cuenta con 135 millones de pesos como presupuesto durante este año y la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) tiene asignados para el 2015 más de 40 millones de pesos. Sin embargo, según datos de la propia Fiscalía, sólo el 10 por ciento de los casos de agresiones a reporteros y activistas han sido presentados ante un juez.

Un total de 204 solicitudes se han presentado para ser protegidos por el programa federal, 114 de ellas son de personas que trabajan en medios de comunicación, mientras que 89 correspondieron a defensores de derechos humanos.

El abogado y activista, Miguel Ángel García Leyva, es beneficiario del mecanismo de protección desde octubre del 2014, y con conocimiento de causa, declaró a La Jornada Baja California que a raíz de su implementación han aumentado las agresiones tanto a quienes forman parte del programa como al gremio periodístico y defensor de derechos humanos del país.

“Yo puedo demostrar con ejemplos de que han aumentado las agresiones; tan sólo en mi persona se incrementó desde que soy parte del mecanismo” precisó.

La mayoría de las amenazas y acosos que hemos sufrido quienes integramos la Asociación Esperanza, aseveró, provienen de autoridades gubernamentales, especialmente de policías.

“El crimen organizado no representa para nosotros ningún riesgo porque en mi trayectoria de lucha de los derechos humanos durante más de 30 años, ninguna amenaza en contra mía ha venido de la delincuencia organizada. En cambio, autoridades de los tres órdenes de gobierno  han mantenido un constante acoso en contra nuestra”, manifestó.

La acción de riesgo y amenazas que estamos viviendo en todo el país, agregó, proviene esencialmente de funcionarios de gobierno.

García Leyva indicó que hace falta que el gobierno demuestre que hay voluntad de investigar los crímenes, los cuales “tiene patente de impunidad”, además, expresó, las autoridades tienen que brindar resultados inmediatos en la resolución de los casos.

Por último, comentó que en Baja California se han presentado casos graves de atentados a defensores de derechos humanos y de periodistas, “la mayoría están archivados y sin investigación”, al tiempo dijo que algunos casos no se denuncian porque es sabido que no hay efectividad en la investigación.