A partir de hoy, Mexicali imparte justicia con 3 códigos penales

Jorge Heras
Mexicali, 11 de agosto.-Desde este martes, la capital del estado imparte justicia con base en tres códigos de Procedimientos Penales diferentes, que van de acuerdo al Sistema de Justicia que se emplea.

Desde el  5 de marzo de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que busca homologar todo el sistema de justicia penal en el país, pero el gobierno de Baja California desde hace meses anunció su aplicación a partir de este día.

Los códigos que permanecerán vigentes serán el del Sistema Tradicional de Justicia, que trata los casos anteriores al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), y que es el que utilizan los demás municipios de la entidad, actualmente; también será efectivo el Código de Procedimientos Penales de Baja California, vigente desde el 11 de agosto del 2010, fecha en que comenzó la operación del de Sistema Justicia Alternativa, y que atenderá las querellas que se interpusieron durante los últimos cinco años.

Los tres códigos penales sólo se podrán aplicar en Mexicali ya que es el único municipio en donde está vigente el NSJP; no obstante, autoridades estatales informaron que el uso del código de reciente creación se llevará a cabo en el resto de los municipios en cuanto se implemente el Sistema Acusatorio en todo el estado.

De acuerdo con lo anunciado por los poderes Ejecutivo y Judicial de Baja California, en tres meses se ejecutará el Nuevo Sistema de Justicia en Tecate, y en Ensenada posiblemente a principios de 2016. Pero será hasta el 18 de junio de 2016 cuando se aplique en Tijuana, en donde la escena de delitos es mucho más complicada y con una alta relación con el narcomenudeo, casos que después de cinco años del inicio del NSJP aún no se atienden en Mexicali.

Para algunas barras y colegios de abogados, el Sistema de Justicia Acusatorio no podrá implementarse en Zona Costa ya que no se han cumplido con las capacitaciones necesarias a todos los actores, en especial a los profesionales del Derecho.

“Yo tengo mis dudas que en el 2016 se va a establecer en todo el país. Aquí en Mexicali lleva cinco años y no podemos”, advirtió, el presidente del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, Juan José Castro Crespo.

Sostuvo que a pesar que en Mexicali el Sistema de Justicia Adversarial sólo analizan temas del fuero común como el asalto, robo, secuestro, homicidio y extorsiones, los vicios del viejo sistema han permeado en la aplicación correcta del nuevo código.

Por su parte, Pedro Mendívil García, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo), aseguró que existe una relación estrecha entre los organismos de abogados con el gobierno estatal y Poder Judicial para trabajar apegados a los principios establecidos en el nuevo Código.

A pesar de que expresó que los litigantes penalistas de la entidad están capacitados para enfrentar los nuevos retos del Sistema de Justicia Oral, Mendívil García indicó que uno de los retos como abogados privados es participar más en la defensoría de casos ya que, dijo, de los más de 10 mil 200 procesos judicializados del 11 de agosto de 2010 a la fecha, la defensoría pública ha participado en el 95 por ciento de ellos.

El presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, Anwar Ramos, mencionó que la organización que encabeza tiene la obligación de velar porque la implementación sea armónica, apegada a derecho y que satisfaga los principios básicos de un sistema de impartición de justicia.

Hace una semana, autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial se comprometieron a trabajar en conjunto con representantes de los diferentes colegios y barras de abogados de la entidad, para enfrentar el reto que conlleva la implantación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y apegarse al nuevo Código Penal que entra en vigor este martes.

Durango y Puebla fueron las dos primeras entidades federativas que utilizaron la nueva legislación en materia penal (diciembre del 2014), que regulará el proceso penal acusatorio y oral para los delitos del fuero común y federal de todo el país.