- octubre 20, 2015
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Se incrementaron las denuncias de tortura en BC
Antonio Heras
Tijuana.- La tortura es un delito que se ha incrementado en Baja California donde siete de cada diez detenidos en la entidad denuncian haber sido víctima de tratos crueles e inhumanos o degradantes, dio a conocer la abogada Sandra Esquer.
La Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional certificó a un equipo de bajacalifornianos en la «aplicación del peritaje médico-sicológico de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes llamado Protocolo de Estambul».
Este equipo forma parte del Centro Bajacaliforniano de Derechos Humanos que está integrado por la abogada Esquer Montoya, la sicóloga Patricia Bayliss, el médico Martin Esquer Nieblas y el perito criminalista Alejandro Salinas.
En conferencia de prensa señalaron que las corporaciones policiacas señaladas por tortura son la Policía Estatal Preventiva, seguido de la municipal de Tijuana y la Policía Ministerial del Estado.
El 70 por ciento de las aprehensiones de la PEP son señaladas de haber utilizado la tortura, comento Esquer Montoya.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California ha registrado de enero a septiembre de 2015 un total de 230 quejas por tortura y tratos crueles e inhumanos o degradantes.
La abogada sostuvo que, a pesar de ser un delito que se persigue de oficio, la tortura no se investiga y solo hay una consignación en la historia de Baja California lo que ha generado y fomentado impunidad, además del registro de otros delitos como allanamiento de morada y robo por parte de los agentes que realizan las aprehensiones.
En el caso concreto de Baja California, la tortura es un ilícito que es investigado por las unidades de delitos patrimoniales de la Procuraduría de Justicia del Estado.
El Protocolo de Estambul es el manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, promovido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que sirve de guía internacional para la evaluación de las víctimas, investigar casos de posible tortura y reportar los hallazgos a la justicia o a las agencias investigadoras.
La aplicación de este protocolo tarda alrededor de tres años en la Procuraduría General de Justicia del Estado, señalaron los peritos independientes del Centro Bajacaliforniano de Derechos Humanos.
Esta organización de la sociedad civil ha documentado más de 60 casos de tortura en la entidad ante instancias judiciales donde están involucrados militares, policías ministeriales y estatales.
