Vecinos de la geotérmica de Mexicali denuncian hostigamiento de la PGR

Jorge Heras
Mexicali, 16 de enero.- La Procuraduría General de la República (PGR) emitió cinco citatorios, dos de ellos en calidad de inculpados, en contra de residentes del Ejido Hidalgo que participaron en las manifestaciones afuera de las instalaciones de la Geotérmica registrada en los meses de octubre y noviembre del 2015, aseguraron los pobladores afectados.

Aunque el documento oficial solo señala que la autoridad federal llama a comparaecer a los ejidatarios por su participación en la protesta en la planta de la Comisión Federal de Electricidad, los manifestantes advierten que al momento de llegar a la delegación de la PGR los acusan de agresión a trabajadores de la geotérmica, así como daños a propiedad ajena.

Enrique Campa, familiar de unos de los denunciados, señaló que el común denominador de las personas que fueron acusadas es que son adultos mayores y carecen de recursos económicos, por lo que no pudieron presentarse con abogados.

Una de las personas citadas, Silvia Jiménez, acudió la tarde de este viernes a la Delegación de la PGR, pero no quiso declarar lo ocurrido por temor a las represalias ya que dijo se trató de un acto intimidatorio.

El jefe ejidal del poblado Hidalgo, Ramiro Magaña, comentó que les resulta extraño que las autoridades federales continúen con este acoso a los residentes de esta demarcación del Valle de Mexicali, toda vez que en la última reunión en la Ciudad de México con el director de la CFE, Enrique Ochoa Reza, habían acordado un pacto de civilidad para que retiraran las demandas y dieran celeridad a la indemnización a los pobladores por la contaminación de la geotérmica, en cambio ellos retirarían la manifestación en la planta.

El regidor Jorge Eugenio Nuñez, presidente de la Comisión Especial de seguimiento en el caso de la contaminación de la planta de Cerro Prieto, hizo un llamado a las autoridades para que desechen las demandas.

Además pidió la intervención de los legisladores federales para que auxilien jurídicamente a los demandados y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos siga de cerca el caso.