Gobierno federal no ha reparado daños a los 4 ciudadanos torturados de Rosarito»: CMDPD

*Detenidos en BC fueron torturados por militares para declararse culpables de delitos de delincuencia organizada; fabricaron pruebas falsas.

Antonio Heras

Mexicali.- El caso de «los 4 civiles de Rosarito» es muy significativo por ser un ejemplo de cómo se recurre al uso de la tortura por las instituciones del Estado mexicano y cómo se pretende justificar esa abominable práctica para la investigación y acusación por delitos graves como el secuestro o el narcotráfico, señaló Juan Antonio Guevara, director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

A pesar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura de la ONU y la Secretaria de la Defensa Nacional reconocieron que estas personas fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, dijo, hasta la fecha no han sido reparadas estas violaciones como se comprometieron las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores en octubre de 2015.

El 16 de junio de 2009, se registró un operativo militar supuestamente contra el crimen organizado en Baja California por lo que fueron detenidos en dos puntos de Playas de Rosarito los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez quienes fueron torturados.

La CNDH y el Comité contra la Tortura de la ONU coincidieron en señalar que en su proceso penal se emplearon confesiones arrancadas por tortura, entre otras pruebas ilícitas, para acusarlos de delitos que no cometieron.

«Con base en la inexistencia de pruebas, el Poder Judicial de la Federación determinó que las cuatro personas no eran responsables penalmente de los delitos imputados, es decir que los encontró inocentes», señaló Guevara.

El defensor de los derechos humanos criticó la postura de la señora Miranda de Wallace de pretender denostar el informe de la Comisión Interamericana se Derechos Humanos sobre la tortura generalizada en México, a partir de casos como el de los 4 de Rosarito donde el gobierno mexicano reconoció tortura, detención arbitraria, arraigo, uso indebido de la jurisdicción militar y negligencia de la investigación de los delitos.

Incluso, él gobierno mexicano se comprometió también a realizar una investigación exhaustiva sobre la tortura a la que fueron sometidos y procesar, juzgar y castigar a los responsables, además de conceder a las víctimas una plena reparación del daño, así como su rehabilitación.

En octubre de 2015 se fijó un plazo de 90 días para dar ingieres al CCT e instaló una mesa de trabajo con funcionarios federales y representantes de la sociedad civil.