- marzo 15, 2016
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Solicitó PGJE orden de aprehensión contra ex alcalde de Rosarito por peculado
*Incumplió con entrega de cuotas de seguridad social de empleados que les descontaron de nómina.
Antonio Heras y Jorge Heras
Mexicali.- Una orden de aprehensión contra el ex alcalde de Playas de Rosarito Javier Robles Aguirre, el oficial mayor y su tesorero municipal fue solicitada por la Procuraduría General de Justicia de Baja California por abuso de autoridad y peculado de 35 millones de pesos de seguridad social de 200 trabajadores sindicalizados.
La consignación del expediente se encuentra en el Juzgado del Poder Judicial del Estado desde el 1 de marzo de 2016 donde se solicita la orden de aprehensión de los tres ex funcionarios
En la averiguación previa 84/14/504 aparecen como indiciados Robles Aguirre, el ex Oficial Mayor Emilio Rodríguez Ibarra y el ex tesorero Manuel Zermeño Chávez por incumplir con la entrega al ISSSTECALI de las cuotas descontadas del sueldo de los trabajadores y las aportaciones patronales de seguridad social de los trabajadores del Ayuntamiento de Playas de Rosarito.
En 2013 concluyeron las administraciones municipales de los cinco alcaldes priistas que dejaron endeudados a las administraciones municipales de la entidad: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate.
Una de esas deudas fue la de seguridad social, a excepción de Tijuana, cuyos pagos de cuotas de trabajadores y aportaciones patronales se omitieron para usarse en gasto operativo, según señalaron en su momento los alcaldes Francisco Pérez Tejada, Enrique Pelayo Torres, Javier Robles y Javier Urbalejo Cinco, actual dirigente municipal del PRI en Tecate.
Los adeudos de Mexicali al ISSSTECALI durante la gestión de Perez Tejada ascienden a 707 millones de pesos; la de Ensenada con Pelayo Torres de 505 millones de pesos; la de Tecate con Urbalejo de 434 millones; y de 35 millones Rosarito en la administración de Robles.
El gobierno estatal planteó un esquema para solventarlos estos adeudos de cuatro de los cinco municipios y la propia a partir de la adquisición de deuda pública y la integración de un fideicomiso manejado por la administración del gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid.
Para ello promovió la aprobación de deuda pública al Congreso local y modificó la Ley del ISSSTECALI para darle facultad a su Secretaria de Planeación y Finanzas para hacer las quitas y, en su caso, embargar bienes de los municipios que incumplieran con las cuotas de trabajadores y aportaciones como patrones.
El Cabildo de Mexicali no autorizó el esquema de deuda por la denuncia penal contra Perez Tejada y ex oficiales mayores y tesoreros por 900 millones de pesos.

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