Advierten jornaleros de San Quintín que gobierno ha incumplido con sus demandas laborales y sociales

Antonio Heras

Ensenada.- Con una caravana, dos sindicatos independientes y división entre sus dirigentes, los jornaleros agrícolas de San Quintín mantienen las mismas condiciones laborales y sociales que plantearon el 17 de marzo de 2015.

Hace un año, miles de jornaleros pararon actividades para exigir el cese del hostigamiento sexual a trabajadoras del campo por parte de capataces y mejores condiciones laborales pues argumentaron tratos esclavizantes, falta de servicio médico y el incremento al salario por jornada.

Durante las movilizaciones bloquearon la carretera Transpeninsular, hicieron mitines y marchas, también se registraron destrozos de un vehículo blindado de asalto policial en la colonia Triqui y en medio de las movilizaciones hubo desmanes y saqueos de tiendas hasta que en las mesas de trabajo se acordó que habría cobertura social y mejores salarios por categorías, que hasta la fecha no se han cumplido.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social de Baja California, Juana Pérez Fiorano, dijo que la Federación propuso sin que se haya concretado formalmente un esquema de estratificar a 180, 175 y 150 pesos la jornada aunque, de facto, las «empresas grandes» pagan ya a 180 pesos la jornada.

Reconoció la existencia de rezago laboral, social y de infraestructura en esta zona del Valle de San Quintin, a pesar del trabajo de la administración estatal por «reforzar el bienestar de la población» y ponderó una estrategia para denunciar abusos a través del teléfono de emergencia 089 o en las oficinas del gobierno estatal en el Valle de San Quintin.

Para la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social no se ha cumplido una sola de las demandas que provocó su movilización, mientras que hay quienes reconocen un avance con la creación de organiAciones sindicales, entre ellos el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja) que es reconocido en Baja California, Ciudad de México y Aguascalientes.

Previo a la caravana, este 17 de marzo se realizó una reunión en el poblado de Sn Quintin con carne asada y verbena popular en la que participó el gobierno estatal, a través del secretario General de Gobierno, Francisco Rueda, quien destacó la «sensibilidad» de esa administración para atender las demandas de los jornaleros agrícolas, entre ellas destacó el proyecto de una planta desaladora de agua.

«Estamos en contra de esta desaladora para el Valle de San Quintín porque a lo que más apostamos en la alianza es a la construcción de una presa en la cuenca del Arroyo de Santo Domingo», dijo el dirigente Fidel Sánchez, quien explicó que en la sierra aledaña hay agua suficiente para abastecerla y exigió la construcción de un hospital general que el gobierno del panista Francisco Vega anunció para esta zona agrícola y que la cambió para Mexicali.

Con un centenar de participantes, la caravana de jornaleros se encuentra en camino hacia la frontera de Tijuana-San Diego donde se reunirán ese domingo con integrantes del Frente Indígena de Organizaciones Binacional.

Esa reunión provocó una escisión del movimiento por parte del dirigente Justino Herrera quien declinó participar en la caravana porque «no hay nada que celebrar» y dijo estar inconforme con los acuerdos que asumieron los participantes en las mesas de diálogo entre empresarios, autoridades y jornaleros representados por la Alianza de Organizaciones.

«El 4 de junio  (de 2015) firmaron un documento donde las prestaciones del trabajador quedaron integradas al salario, cuando que la lucha era rescatar las prestaciones y un salario justo: aparte el salario, aparte las prestaciones», sostuvo al tiempo de advertir que exigirán ley estas condiciones de manera independiente a la si alianza de organizaciones.

«Estamos encabronadísimos por la traición que sufrimos y que ahora dicen que van a festejar… ¿qué le van a festejar a los trabajadores… la traición que hicieron el 4 de junio?», cuestionó Herrera.

A contra parte, Sánchez Gabriel sostuvo que el movimiento que comenzó con la Alianza por la Justicia Social se mantiene con el respaldo de organizaciones de diferentes puntos del país y admitió que hubo escisiones de personas a partir del ofrecimiento de incrementos salariales de empresas como Berrymex que ofrecieron 226 pesos la jornada a una semana del primer aniversario del movimiento.