Partidos Políticos, sindicatos y ONG’s obligados a transparentar recursos

Jorge Heras, Mexicali, 7 de abril.-La nueva ley de transparencia aprobada este jueves obliga a los partidos políticos, organizaciones gremiales y asociaciones civiles a presentar cualquier información solicitada sobre la administración de sus recursos públicos, informó el diputado de Acción Nacional (PAN), Cuauhtémoc Cardona Benavides.

El legislador inicalista señaló que el catálogo de entidades que deben transparentar su información se amplió con esta ley, porque además de las señaladas contempla a fideicomisos, fondos públicos y hasta personas físicas que reciben apoyos gubernamentales.

Tras varias mesas de trabajo que se llevaron a cabo durante más de un año, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales dictaminó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad, la cual contiene 171 artículos y 24 capitulos.

Cardona Benavides destacó que uno de los avances de esta nueva ley es la publicación de padrones  o listas de beneficiarios de los programas sociales del gobierno estatal y municipal.

 Destacó que esta ley surge de la sugerencias de la sociedad, toda vez que se priorizaron las iniciativas de los ciudadanos, que se confeccionaron con los foros de consulta.

«Con está nueva ley, Baja California es la sexta o séptima entidad  a nivel navional que homologa o armoniza su legislación de transparencia, luego de que fuéramos el último estado en crear un Instituto de transparencia y estar en los últimos lugares de rendición de cuentas», puntualizó.

Sobre los asuntos que deja pendientes está ley, sostuvo el diputado panista, están la declaración de conflictos de interés y la fiscal ya que argumentó que encuentran dentro de la ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

El ex secretario general de gobierno aseveró que esta ley se fortalecerá cuando se homologue el sistema anticorrupción que está por aprobarse en el Congreso Federal.

Cuauhtémoc Cardona Benavides destacó que se aprobó que los funcionarios y dependencias que no entreguen  la información completa y no cumplan con los plazos para hacerlo, serán acreedores a apercibimientos, amonestaciones públicas, suspensiones y hasta una multa económica de mil 500 salarios mínimos.