Contraloria detectó irregularidades por 11 mdp en Beca Progreso

Mexicali, 5 de julio.- La Contraloría Estatal culminó las auditorías que realizó desde hace nueves meses a los fondos de la Beca Progreso tras la denuncia que interpuso la directora de dicho programa de infraestructura educativa por el presunto desvío de recursos y falsificación de documentos que hicieron tres funcionarios de esa misma área de la Secretaría de Educación y Bienestar Social.

El contralor, Bladimiro Hernández Díaz, dio a conocer que fueron tres investigaciones administrativas las que se realizaron sobre la operación y ejecución de los recursos del referido apoyo gubernamental: una fue directamente hacia los tres señalados como responsables del peculado, otra fue la que se lleva a cabo de manera general cada año y la última la emprendió la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE).

Indicó que las irregularidades observadas fueron por falta de documentación probatoria para la ejecución del gasto; no acreditaron suficientemente la falta de licitación en obras, pues todas las señaladas fueron adjudicadas, y se detectó que existen proveedores beneficiados sin existencia legal.

 Al tiempo de comentar que las inconsistencias fueron por 10 y 11 millones de pesos, Hernández Díaz sostuvo que la investigación se complicó ya que algunos de los cheques no fueron fáciles de localizar.

Sin embargo, advirtió que las observaciones posiblemente puedan ser subsanadas por los tres servidores públicos acusados, quienes tienen 15 días para contestar y hasta pueden pedir una ampliación del plazo 15 días más.

El titular de la Contraloria aseveró que las sanciones puede variar según el gasto que se llegue a comprobar, pero pudiera ir desde amonestación pública hasta cinco años de inhabilitación.

El recurso de la Beca Progreso durante el 2015 fue de 362 millones de pesos que fueron entregados en más de 3 mil escuelas, con un apoyo económico en promedio de 420 pesos por alumno.

La coordinadora de Beca Progreso, Lucía Villarreal Camarena, presentó una denuncia penal por falsificación de documentos y peculado en contra de los funcionarios Alexander García Luna y Jesús de la Rosa Anaya así como de Román Ernesto Rivera Padilla, un trabajador de un centro escolar con puesto de intendente. La querella se inició el 22 de septiembre pasado y quedó asentada en el expediente 020-2015-41596.

Se trataba de casi 100 cheques emitidos en el 2014 que fueron falsificados y endosados a un beneficiario diferente por la cantidad de un millón 998 mil 176 pesos.