• agosto 5, 2016
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Violencia intrafamiliar se perseguirá de oficio sin mediaciones

congreso 2Jorge Heras, Mexicali, 5 de agosto.- Con la aprobación de las nueve fuerzas políticas del Congreso del Estado, se modificará el Código Penal de Baja California para que los casos de violencia familiar que se registren en los cinco municipios sean perseguidos de oficio por parte de la Procuraduría de Justicia Estatal (PGJE).

Durante la sesión ordinaria de este jueves, veinte legisladores votaron por unanimidad reformar el articulo 242 bis del referido Código para que la violencia intrafamiliar pueda ser denunciada por testigos de la agresión y no solamente se investigue bajo la querella de la víctima.
 El proyecto de dictamen se elaboró con dos propuestas: la que presentó la diputada panista Rosa Isela Peralta Casilla el 10 de julio del 2014 y la que entregó el 9 de octubre del mismo año la entonces legisladora priista –ahora alcaldesa electa de Tecate-, Nereida Fuentes González, además se incluyó una adenda en enero de este año.
El proyecto de dictamen número 61 de la Comisión de Justicia, se elaboró con dos propuestas: la que presentó la diputada panista Rosa Isela Peralta Casilla el 10 de julio del 2014 y la que entregó el 9 de octubre del mismo año la entonces legisladora priista –ahora alcaldesa electa de Tecate-, Nereida Fuentes González, además se incluyó una adenda del diputado Roberto Dávalos Flores.
Se estableció que la violencia física “todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro”; además, que la violencia psicológica será “toda acción u omisión reiterada, ejecutada por cualquier medio distinto al contacto físico, que con el propósito de perturbar, degradar o controlar la conducta de una persona le afecte psíquica o emocionalmente”

Asimismo se aprobó instaurar como obligatoriedad al Ministerio Público, la solicitud de medidas precautorias como el embargo de sueldos y salarios al agresor, para asegurar los alimentos y manutención de la víctima durante el proceso penal, así como también prever como una medida preventiva el someterse a tratamiento psicológico o psiquiátrico especializado y deberá de pagar este tipo de tratamiento a la víctima hasta su recuperación total.

En la iniciativa de reforma se indicó que este tipo de delitos no permite el Perdón, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 187 señala que no procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que se trate de delitos de violencia familiar, por lo que “en ningún caso el Ministerio Público remitirá para mediación, o proceso alternativo de solución a las víctimas”.

En la explicación de motivos, los diputados señalaron que solamente el 8 por ciento de los procesos iniciados por el delito de Violencia Intrafamiliar llega a su fin, toda vez que son desistidos por la víctima otorgando el perdón o se llega a un acuerdo económico entre las partes.

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