Se castigará hasta con tres años de cárcel actos de discriminación; Excepto a los ministros religiosos

Jorge Heras, Mexicali, 1 de septiembre.- A excepción de los ministros de culto religioso o integrantes cualquier doctrina de fe, los actos de discriminación que se cometan en Baja California estarán penados con hasta tres años de prisión y doscientos días de multa para todos los sectores de la población.

Con una votación cerrada de diez votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, el Congreso del Estado aprobó incluir al Código Penal del Estado un capítulo denominado “Discriminación”, para sancionar a quienes por razones de origen o pertenencia étnica regional o nacional, raza, color de piel, lengua, género, preferencias sexuales, edad, estado civil, condición social o económica, religión, condición de salud, embarazo, opiniones políticas, capacidades diferentes y costumbres. atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.

Los diputados determinaron que se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo en favor de la comunidad y hasta doscientos días multa a quien “niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o una prestación a la que tenga derecho; niegue o restrinja derechos laborales por razón de género, o embarazo; limite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo y niegue los servicios educativos.

También se penalizará al servidor público que cometa alguna de las referidas conductas y se le aumentará en una mitad la pena prevista además que será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

El debate del dictamen número 68 de la Comisión de Justicia fue centrado en los argumentos de los diputados Juan Manuel Molina García y Rodolfo Olimpo Hernández, quienes discutieron una adenda a la iniciativa, la cual excluye para su sanción a “las manifestaciones y expresiones echas por quien tenga un sustento en dogma de fe, adoctrinamiento religioso, objeción de conciencia o libertad de cátedra”.

El legislador del Partido Movimiento Ciudadano señaló que la reserva se trata de un planteamiento del siglo XIX que contraviene con el artículo 13 de la Carta Magna que proscribe la existencia de cualquier protección especial a las iglesias y ministros de culto.

Molina García indicó que se trataba de un “fuero eclesiástico” que orillará, dijo, a que las personas que profesen una doctrina religiosa se ampare de un acto discriminatorio basándose en un dogma.

Por su parte el diputado del Partido Encuentro Social (PES) rechazó que intentara crear un fuero religioso, pues consideró que solamente se trata de “expresar nuestros conceptos de fe sin que nadie se sienta discriminado por tal motivo”.

Explicó que la libertad de objeción de conciencia es la facultad que tiene los ciudadanos de evadir el cumplimiento de una ley que le sea impropia, e inclusive se puede evadir el cumplimiento de un mandato constitucional cuando el ciudadano se manifiesta contrario a el.

Los legisladores del PRI, Cinthya Ruiz Ramos y del PT, Julio César Vázquez Castillo se abstuvieron en la votación, al justificar que era un tema que no conocían del todo, específicamente la reserva propuesta por el diputado del PES, a pesar que desde el 1 de enero del 2015 fue presentado el proyecto del dictamen ante el pleno.

Para este mes, el Frente Nacional de la Familia en Baja California se sumará a la marcha nacional en contra de los matrimonios igualitarios.

De acuerdo al proyecto de decreto presentado por la Comisión de Justicia del Congreso, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), reportó que del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2014, las principales causas de discriminación que se presentaron ante dicho organismo atribuidos a personas particulares, fueron discapacidad con 171, apariencia física con 124, embarazo con 104, preferencia u orientación sexual con 93 y condición de salud con 88.

Los casos de discriminación cometidos por servidores públicos, fueron 80 con con mayor incidencia la condición de salud, 31 con discapacidad, 29 con apariencia física y 30 con género .