Urge crear sistema anticorrupción de BC, precisar sanciones y reinventar juicio político, diputados

*En BC el riesgo más grave es el hilo entre la corrupción y la delincuencia organizada: Andrés de la Rosa  Antonio Heras
Mexicali.- Por redimensionar el juicio político para hacerlo un instrumento efectivo contra el abuso del poder, la corrupción y la impunidad, además de establecer sanciones específicas a quienes hagan uso indebido de los recursos públicos se pronunciaron legisladores panistas en el Congreso de Baja California, quienes consideran urgente la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Luego de señalar que en una entidad como Baja California el riesgo más grave es el delgado hilo entre corrupción y otras formas de delincuencia como la de tipo organizado, el diputado Andrés de la Rosa advirtió que se trata de  un asunto urgente que debe analizarse y aprobarse a la brevedad por el Congreso del Estado para armonizar el marco jurídico estatal con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero «no ha sucedido en Baja California».

Las sanciones a quienes cometan actos de corrupción en Baja California se encuentran entre las precisiones a integrarse en este sistema pero se requiere reformar la Constitución local y las leyes, señaló el  exdiputado federal.

En tanto, le legisladora Victoria Bentley, presidenta de la Comisión cameral de Justicia, propuso reinventar el juicio político al modificar la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos para hacerlo un instrumento efectivo que inhiba el abuso indebido del poder y combatir la corrupción e impunidad.

Para ello se analiza la modificación del párrafo quinto del artículo 95 de la Constitución Política de Baja California para precisar que la presentación de la denuncia de juicio político interrumpe la prescripción de la conducta ilícita, además de ampliar el plazo de uno a dos años para que precluya la facultad sancionadora y faculta a Comisión Jurisdiccional para que prorrogue el plazo de desahogo de pruebas, solicite informes a autoridades o se apersone en oficinas par examinar documentos relacionados con los hechos controvertidos.

También incluye ampliar las conductas materia de juicio político, incluir a los partidos políticos como sujetos legitimados para interponer denuncias en materia de responsabilidad política, establecer requisitos mínimos para la denuncia y la obligación para prevenir al denunciante cuando esté incompleta o los hechos sean confusos.

De la Rosa Anaya ponderó la inclusión de tribunales especiales para atender casos específicos de mal uso de recursos públicos y una mayor transparencia en el manejo del dinero por servidores públicos y particulares, además de precisar las «sanciones pues en el ámbito federal si quedaron establecidas con la creación del Sistema Nacional, más no se ha realizado a nivel estatal».

Se estima que anualmente la corrupción, dijo, nos cuesta a los mexicanos 1.5 billones de pesos, que representa el 129 por ciento más del presupuesto de seguridad pública en todo el país.

“La corrupción, en una entidad como la nuestra, es factor de inhibición de empleos e inversión, lo que genera pérdida de calidad de vida en familias, así como de confianza en las instituciones, pero sin duda el riesgo más grave es el delgado hilo entre corrupción y otras formas de delincuencia como la de tipo organizado”, sostuvo.