En privado, diputados del PAN “mayoritean” Ley Estatal del Agua; aprueban concesionar el servicio público

*Incremento de precios se realizarán de forma automática sin autorización del Congreso
*Desaparecen los organismos operadores de agua y se crean dos zonas metropolitanas.
*Contempla la suspensión total del servicio a deudores.

Jorge Heras, Mexicali, 20 de diciembre.- Luego de una sesión suspendida en más de tres ocasiones por las manifestación de Burócratas en el recinto parlamentario, los diputados del Partido Acción Nacional utilizaron su mayoría simple para continuar en privado la lectura y discusión de la iniciativa de Ley del Agua de Baja California que contempla la concesión del servicio.

Con el voto de los representantes populares de Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), el bloque de legisladores panistas (13 diputados) votaron a favor del nuevo ordenamiento y reglamentación del servicio público del agua en la entidad; los diputados de Encuentro Social (PES), del Revolucionario Institucional (PRI), Estatal de Baja California (PBC), del Trabajo (PT) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se pronunciaron en contra de la propuesta del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

La sesión se trasladó del Salón de Sesiones Benito Juárez a la sala “Francisco Dueñas”, ubicada en el segundo piso del edificio del Poder Legislativo, en donde  intentaron continuar con el orden del día sin la presencia de medios de comunicación, pues un grupo de personas ajenas al Congreso les impidió utilizar escaleras por ordenes de la Mesa Directiva y el elevador no funcionaba ya que fueron apagadas las luces de la planta baja.

El altercado entre burócratas y diputados en el que se hicieron presentes agresiones, duró más de seis horas, hasta que policías ministeriales y estatales resguardaron el pleno.

El dictamen 48 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto planteaba la Iniciativa de Ley de Agua, la cual fue protestada por diez legisladores que pedían se llevaran a cabo comisiones técnicas y foros ciudadanos en los cinco municipios.

Ley privatizadora

Los puntos controvertidos de la nueva legislación que entrará en vigor a partir del próximo año se centran en la intervención de la iniciativa privada en la “prestación total o parcial del servicio público” que implican la ejecución de obras de infraestructura hidráulica y proyectos; el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas y la administración, operación y mantenimiento total o parcial de los sistemas destinados a la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado.

Con la justificación de “capitalizar, mejorar, ampliar y hacer mas eficientes y eficaces los servicios públicos”, contempla la concesión de servicio a través de contratos por licitación o adjudicación directa de Asociación Público Privada (APP) y la concesión de los bienes necesarios para la prestación del servicio.

“Las concesiones se otorgarán por el tiempo necesario para recuperar las inversiones y obtener la utilidad razonable que debe percibir el concesionario el cual no podrá exceder de treinta años pudiendo prorrogarse hasta por un periodo igual al establecido inicialmente”, indica el documento.

A diferencia de la Ley que reglamenta el Servicio de Agua y los Organismos Reguladores, en este nuevo ordenamiento se establece la reducción o suspensión total del servicio de agua potable a los usuarios morosos que tengan tres meses sin abonar a su cuenta, lo que contraviene a tratados internacionales y la Constitución federal.

De igual forma fija un aumento a las tarifas de agua de más del 20 por ciento, las cuales entrarán en vigor a partir del próximo primero de enero y se actualizarán por si misma a través de una formula que considera la inflación, la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la estimación del Gasto corriente, incluyendo los costos de operación fijos y variables del año; y el incremento en et índice Nacional de Precios al Consumidor, por lo que cada año se incrementará la tarifa sin la necesidad de ser aprobada por el Congreso.

La tarifa doméstica o residencial mínima de Mexicali pasará de 51.6 pesos el metro cúbico en el área urbana y 49.9 en ciertas zonas ejidales, a 66 pesos y 63.8, respectivamente.

En Tijuana de 59.1 pesos el metro cúbico subirá el costo a 99.50 pesos; Ensenada de 53.8 en la ciudad y 32.2 pesos en la zona rural a 67.93 y 40.7 pesos; en Tecate de 54.7 pesos el metro cúbico a 99 pesos y en Playas de Rosarito el alza será de 81.2 a 99 pesos.

Aunque el nuevo mecanismo tarifario contempla actualización cada mes para los usuarios, los incrementos en tarifa se aplicarán anualmente.

Desaparecen los Organismos reguladores de agua

La Ley elaborada por el Poder Ejecutivo desaparecerá las cuatro comisiones de Servicios Públicos desaparecerán para dar paso a dos “Zonas Metropolitanas”: Zona Costa y Mexicali; una abarcará el servicio de Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, y la segunda operará el agua potable de la capital del Estado.

“Esta nueva metodología para la determinación de las tarifas y cuotas se debe principalmente, al incremento en los costos de conducción de agua en bloque, particularmente en energía eléctrica, en función a la dotación de agua requerida para los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, por un importe 499.98 millones de pesos que son 102 millones de pesos adicionales al 2016”, sostiene la nueva Ley.

Asimismo advierte que es necesaria una nueva reglamentación en el servicio público del agua porque habrá una disminución de 130 millones de pesos en participaciones federales y se requiere de 22 millones de pesos para la reposición de herramientas y equipos de trabajo de las brigadas de mantenimiento y laboratorios de agua potable y residuales.

Los diputados de Acción Nacional presentaron una reserva para garantizar la protección de los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados, de confianza y eventuales de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos que se van a fusionar en la Zona Costa.