- febrero 21, 2017
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Detectan opacidad e ineficacia en fondo federal en BC: subejercicio e irregularidades por 87 mdp
Antonio HerasAl gobierno de Francisco Vega se le otorgaron 1 mil 130 millones de pesos del PAFEF que fueron ejercidos por secretario de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid, y del secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Manuel Guevara, pero al cierre de ese año quedaron sin ejercer en las cuentas bancarias de Planeación y Finanzas un total de 283 millones de pesos que representan el 25.1 por ciento del total asignado.
Tres meses después, la oficina de Valladolid presentó comprobaciones para reducir el subejercicio al 21 por ciento pero quedaron hasta sin ejercer ni comprobar 244 millones de pesos, además que se generaron más de 5 millones de pesos de intereses bancarios que no se programaron ni se ejercieron, de acuerdo a la auditoría financiera con enfoque de desempeño 15-A-02000-14-0572 572-DS-GF.
Durante el cierre de la auditoría, el gobierno de Baja California presentó documentación para comprobar 118 millones de pesos por lo que quedaron pendientes de acreditar la aplicación de 67 millones de pesos del monto total de recursos federales.
La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental emitió inicio un procedimiento administrativo contra servidores públicos bajo el mando de Antonio Valladolid por considerar un posible daño y perjuicio contra la hacienda federal por esos 67 millones 421 mil pesos, según el Acuerdo de Radicación con número de expediente 0000106/Q/16/MXL.
Irregularidades en aplicación del fondo federal
Para ese ejercicio presupuestal, Valladolid destinó recursos federales para saneamiento financiero por 700 millones de pesos, de los cuales el 50 por ciento se canalizó a intereses, además de 4 millones para la modernización del Registro Público y 180 millones de pesos para obras de infraestructura física, de los cuales los auditores detectaron que 14 millones se destinaron a contratos para estudios de proyectos que no corresponden a la finalidad de este fondo federal.
La Auditoría Superior de la Federación determinó que el ejercicio del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid no fue eficiente ni transparente en el manejo de recursos del FAEF y advirtió que existe un probable daño patrimonial al erario federal al destinar 14 millones 751 mil pesos en «gastos indirectos por concepto de proyectos ejecutivos que no corresponden a obras financiadas con recursos del FAFEF 2015 ni a obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversión privada (obra concesionada)» por lo que incumplió con los objetivos del fondo.
«De los 699,733.1 miles de pesos aplicados en el rubro de saneamiento financiero, el 46.2% se destinó para la amortización de capital, que contribuyó en un 5.3% en la disminución de los contratos de deuda pública que se pagaron con FAFEF 2015; el 50.0% se destinó al pago de intereses generados por los mismos contratos de deuda, y el 3.8%, a solventar otras acciones de saneamiento financiero», señala el documento de la ASF.
En otras palabras, la estrategia de aplicación de recursos federales consideró el 80 por ciento del dinero ejercido, de los cuales se canalizó al pago de intereses de la deuda uno de cada dos pesos (350 millones de pesos).
Reprobado en transparencia y eficiencia
Además de los aspectos relevantes de la Auditoría relacionados con el subejercicio de recursos federales y la asignación de contratos irregulares de proyectos ejecutivos, la ASF concluyó que la administración de Vega de Lamadrid no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos FAFEF.
En el ejercicio de los recursos, señaló el informe, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 82,172.6 miles de pesos, lo cual representa el 8.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Se refiere a la suma del subejercicio presupuestal y de los contratos irregulares de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura ajenas a este fondo.
El máximo órgano de fiscalización en México revisó el control interno realizado por la Secretara de infraestructura y Desarrollo Urbano, a cargo de Manuel Guevara, sobre las obras a ejecutar con dinero público de origen federal.
Se determinó que en Baja California hay un nivel bajo de actividades de control y medio en administración de riesgos y ambiente de control, aunque es alto en información y comunicación.
Esta consideración de traduce en que el gobierno carece de capacitación de servidores públicos para sensibilizarlos en la aplicación de códigos de conducta y de ética ni en los mecanismos para investigar actos contrarios a estos fines.
Lo más sobresaliente es que la ASF advierte que en la administración de Vega de Lamadrid existe una falta de vinculación y correspondencia entre el Plan Estratégico Institucional y los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo.
Este fondo federal se destina a inversión en infraestructura física, adquisición de bienes para su equipamiento o estudios, elaboración y evaluación de proyectos, además de saneamiento financiero para amortizar deuda pública y del sistema de pensiones, la modernización catastros del registro público de la propiedad y los sistemas de recaudación locales y como apoyo complementario a la educación pública.
Finanzas, debilidad de gobiernos
Para la ASF la problemática en las finanzas de los gobiernos locales propicia, en muchas ocasiones, presiones para disponer de los recursos del gasto federalizado de manera indebida para hacer frente a otras obligaciones.
Esto se genera por la dependencia que tienen los gobiernos estatales de las transferencias federales, el aumento de la deuda, la falta de control en el manejo de sus finanzas, la limitada disponibilidad y el insuficiente aprovechamiento de fuentes impositivas y, en el caso de los municipios, el reducido cobro del impuesto predial.
