• marzo 1, 2017
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Aprueban Diputados en Comisiones eliminar fuero de Constitución local

congreso-bcJorge Heras / Lindero Norte

Mexicali.- Por unanimidad, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó presentar ante el pleno la iniciativa para eliminar el fuero en la Constitución de Baja California y proponer suprimir de la Carta Magna esta figura jurídica.

La noche de este miércoles, los diputados del PRI, PAN, MORENA y PES que integran este órgano legislativo, votaron a favor de unificar las cuatro iniciativas que había en torno a este tema, pues los legisladores priistas habían mostrado resistencia a incluir al Congreso Federal dentro de la propuesta para que reformen la Constitución Política de México.

La primera iniciativa de reforma para eliminar el fuero fue presentada el 6 de octubre del año pasado por parte del Partido Estatal de Baja California (PBC), para después ser archivada pese a que contaba con la aprobación de la mayoría de las ocho fuerzas políticas que integran el Congreso local.

En la discusión de la Comisión de Gobernación que preside el diputado Andrés de la Rosa Anaya, la discusión se volvió a centrar en la petición de emitir un dictamen para el Congreso de la Unión.

El legislador del PES, Luis Moreno Hernández advirtió que el presentar esta iniciativa en San Lázaro era importante para hacer una presión a los diputados federales, y a la espera de que otras entidades de la República repliquen esta modificación constitucional.

Por su parte, el diputado inicialista, Jorge Eugenio Núnez, dijo a Lindero Norte que de eliminarse el fuero en la Constitución Local, los funcionarios, representantes populares y gobernantes tendrían que ampararse para mantener su fuero, lo que exhibiría a quienes buscan una posición política para estar por encima de las leyes.

De la Rosa Anaya explicó que esta iniciativa de reforma requiere de mayoría calificada, obtenida con el voto de 17 legisladores.

Esta modificación a la Constitución de la entidad busca suprimir la figura jurídica que protege a funcionarios públicos, gobernantes, diputados, regidores y magistrados de Baja California.

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