Sin notificar a la víctima dejan libre a imputado por violación a menor de edad

*»El caso se nos salió de las manos», dijo la coordinadora de Asunto Sexuales de la PGJE a madre de la víctima.
Jorge Heras / Lindero Norte

Mexicali.- Luego de que los abogados defensores del imputado por violación a una menor de edad dilataron el proceso judicial, se cumplió el tiempo máximo de prisión preventiva y quedó libre el presunto agresor sexual sin notificarle a la víctima de la última audiencia ni de la resolución del juez.

Aunque para algunos asociaciones de litigantes como el Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho,

este tipo de procedimientos irregulares se han vuelto una costumbre en el Sistema de Justicia Adversarial de Baja California, los familiares de la víctima denunciaron a Lindero Norte varias irregularidades que llevaron al imputado a quedar en libertad el pasado 14 de junio.

Se trata del caso asentado en la Causa Penal 370-2015, en el cual Jesús Aurelio «N», conocido como «El Chapo» de 38 años de edad, fue denunciado por su ex esposa e hija el 20 de noviembre del 2014 por el delito de violación equiparada a una menor en grado de parentesco.

La madre de la menor, dijo a este medio informativo que cuando su hija tenía 6 años de edad (actualmente está por cumplir 10) le dijo que su papá le tocaba sus partes íntimas, la obligaba a ver pornografía y le propuso tener los mismos tocamientos con otra mujer, esto último fue lo que comenzó a modificar el carácter de la niña y que a la postre terminó por denunciar lo sucedido, primero a la familia de su papá y después directamente a su mamá.

Apenas llevaba un par de años separada de Jesús Aurelio por diferencias irreconciliables, tiempo en el cual fue detenido en Estados Unidos por transportar droga; La también ofendida asegura que no se percató de haber tenido un problema de abusos de su ex pareja con sus hijos durante el tiempo que estuvieron juntos; sin embargo al saber de las acusaciones de su hija la llevó con una psicóloga perito, quién determinó tras varias evaluaciones que podría haber sido víctima de violación por parte de su ex pareja.

Ese mismo día presentaron la denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado bajo el Número Único de Caso 0202-2014-47652, por lo que fue valorada por el área de Delitos Sexuales, en donde el médico de la corporación determinó que había indicios de violación por la vía anal, ya que presentaba desgarramiento, mientras que la psicóloga confirmó los resultados de los tests que le había aplicado a la menor la especialista privada a la que recurrió en primera instancia la madre.

Además la fiscalía ordenó mayor tratamiento psicológico a la menor, por lo cual fue atendida por psicólogos de la PGJE y después por personal del Instituto de Psiquiatría de Baja California, quiénes medicaron a la víctima ya que presentaba depresión, ansiedad que no la dejaba dormir y bajo rendimiento escolar.

«El caso se nos fue de las manos»: PGJE

La denunciante declara que el cambio de abogados del imputado y los recursos que interpusieron cada uno de ellos fue lo que principalmente dilató el proceso judicial, lo que hizo que durante 1 año 3 meses y 5 días estuviera su ex pareja en prisión preventiva, hasta donde llegó al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra en marzo del 2015.

Asegura que en repetidas ocasiones le propusieron que aceptara que su caso se resolviera por Juicio Abreviado «para que termine con la mejor parte para todos», pues de esta manera se hubiera fijado una sentencia de 12 años de prisión al imputado.

«Al no aceptar todo se volvió más complicado porque ya no me avisaban de las audiencias, del cambio de MP (agente del Ministerio Público) que llevaba el asunto y tampoco me daban acceso a los expedientes, prácticamente el caso parecía haberse quedado rezagado», expresó.

La madre de la víctima se quejó de la situación, primero con Esvetlana Charles, la representante de la fiscalía en el caso, y después con Rosa Isela Bojórquez, la actual agente del Ministerio Público defensora de la menor.

Ambas le respondieron que harían lo posible para darle celeridad al caso con el fin de que ya no hubiera más inconvenientes, aunque después ya no volvieron a atenderla.

Sin ninguna notificación sobre el caso, pasaron siete meses desde que el Juez de Garantías determinó que se daría inicio al Juicio Oral para resolver la presunta culpabilidad del imputado hasta que horas antes de que Jesús Aurelio fuera puesto en libertad se le informó personalmente a un familiar de la victima que el padre de la menor enfrentaría el proceso judicial fuera de prisión.

Tras esta orden del Juez, la coordinadora de la Unidad Investigadora en Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia de la PGJE, Hermelinda Sánchez Pacheco reconoció que «el caso se salió de nuestras manos», ante la mirada atónita de la madre de la niña.

La ofendida teme principalmente por la seguridad de su hija, pues después de la denuncia, el imputado buscó a su hija para hablar con ella y acusarla de mentirosa, esto motivó que tuviera que cambiar de domicilio.

Además cuestionó el actuar del Poder Judicial y de la Procuraduría de Justicia, toda vez que a 1 año 8 meses su caso continúa impune y detenido por «las lagunas del Nuevo Sistema de Justicia Penal».