Admiten a indígenas amparo por instalación de desaladoras de BC

Antonio Heras

Mexicali.-El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en Tijuana admitió el amparo solicitado por indigenas originarios y residentes de Baja California contra la instalación de plantas desaladoras de agua de mar promovidas por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y aprobadas por el Congreso local.

Estas plantas a edificarse en el municipio de Playas de Rosarito y en el poblado de San Quintín, al sur del puerto de Ensenada, las construirían las empresas Aguas de Rosarito y Desaladora Kenton, integradas exprofeso por compañías extranjeras y nacionales, a partir de contratos firmados bajo la figura de asociaciones público privadas.

De acuerdo al expediente 1970/2017 del Poder Judicial de la Federación, la audiencia incidental se realizará durante la mañana del 26 de enero de 2018 en las instalaciones judiciales de esa ciudad fronteriza, ubicadas en Zona Río.

La solicitud de amparo, presentada por indígenas mixtecos, mazahuas, otomís y kumiais residentes en Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada, señala que no se realizó  una consulta para aprobar estos proyectos, un derecho indígena irrenunciable, que dejarían comprometidos como mínimo, más de 80 mil millones de pesos a pagar por el gobierno y los usuarios de agua, durante 37 años.

La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indigenas de la Secretaría de Gobernación anunció que se mantendrá expectante al desarrollo del recurso promovido por los representantes de los pueblos nativos y residentes, toda vez que realizan la asesoría y acompañamiento jurídico del amparo federal.

El comisionado Jaime Martinez Veloz sostuvo que la consulta previa e informada es básica para estos proyectos, de lo contrario se viola lo dispuesto en el articulo 1 de la Constitución General de México.

En tanto, trascendió que activistas y organizaciones civies de Mexicali presentarán recursos similares para evitar la construcción de las plantas desaladoras bajo el argumento que representa la privatización del derecho fundamental del agua, además del endeudamiento público de la entidad. Este jueves, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en Mexicali admitió una petición de protección de la justicia federal realizada por varias organizaciones para frenar el contrato de la construcción del centro de mando policial (C5i), con un costo de 800 millones de pesos.

Los grupos parlamentarios opositores en el Congreso de Baja California anunciaron que, antes del 3 de enero de 2018, interpondrán una acción de inconstitucionalidad por la aprobación del PAN y PRD de cinco proyectos de APPs, incluidas las dos desaladoras de agua de mar.

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