«Montaje» el inicio de construcción de desaladora de Rosarito; el predio está embargado, diputado Luis Moreno

Antonio Heras

Mexicali.- La primera piedra de la planta desaladora de Playas de Rosarito fue un acto de simulación del gobernador Francisco Vega pues se colocó en un predio embargado por orden del Juzgado Décimo Civil del Poder Judicial de Baja California ante la demanda de un socio del consorcio que producirá agua pitable del Oceano Pacifico que se dijo engañado con el valor de sus acciones.

Además la aprobación del contrato se encuentra en estudio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La ceremonia protocolaria se realizó durante el mediodía de este viernes con la presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de la empresa que cuenta con un contrato de asociación pública privada por el que recibirá un pago mensual de 49 millones de pesos mensuales durabte 35 años. Tan solo la construcción de la planta es de 10 mil millones de pesos para producir al inicio 2.2 metros cubicos de agua.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Luis Moreno, dijo que cuando el gobernador colocó la primera piedra de la obra, el Juzgado Décimo Civil ya había ordenado el embargo del predio, así como la suspensión de toda actividad comercial de las empresas que participaron en la asociación público-privada constituida para la desalinizadora, luego de que uno de los socios presentara una demanda por haber sido engañado respecto al valor de sus acciones y las operaciones de las compañías.

Esta situación legal se viene a sumar a la serie de tropiezos y atropellos que el gobierno ha orquestado para forzar la desalinizadora que costará a los baja californianos más de 76 mil millones de pesos durante los próximos 37 años y que ha acumulado, desde su inicio, severos cuestionamientos y voces de rechazo desde diversos sectores, sostuvo el legislador.

Moreno Hernandez dijo que el presidente de la compañía Consolidated Waters ha admitido públicamente que no cuenta con todos los permisos requeridos en ley para la construcción, por lo que dijo que es preocupante la autoridad federal y el Ayuntamiento de Rosarito avalaron el acto político con su participación.

“El evento fue un montaje para dar certeza y calmar el nerviosismo de los inversionistas del proyecto en manos del gobernador, una estrategia irregular y sospechosa que busca legitimar sin razón ni argumentos ni diálogo el multimillonario endeudamiento a los bajacalifornianos”, expresó al tiempo de reprobar la excesiva presencia policiaca en el acto oficial con diversos filtros de revisión y que impidió la presencia de ciudadanos inconformes con la obra.

“Una vez más, el gobernador se escudó en la fuerza pública para callar las voces de los ciudadanos y esconderse en una posición de comodidad y simulación» expresó.