vie. Mar 22nd, 2019

Rechazan empresarios Ley de Ingresos 2019 de BC por aumento de impuestos y exigen cancelar proyectos que generaran más deuda

Heras
Mexicali.- El sector empresarial de Baja California rechazó el incremento de impuestos propuesto por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid en la Ley de Ingresos 2019 y advirtió que gobierno estatal administró mal el erario durante los últimos años lo que se traduce en déficit financiero e incremento de deuda pública.

En rueda de prensa, el coordinador del de las cámaras empresariales en Mexicali, Federico Díaz Gallego y el dirigente de la COPARMEX, Rodrigo Llantada, se pronunciaron en contra de incrementar la sobretasa del Impuesto de Nómina y canalizarla como garantía de pago para los contratos de asociaciones público privadas que promovió Vega de Lamadrid.

Los empresarios consideraron que el gobierno hizo “una ilusión óptica” sobre sus finanzas porque si bien es cierto se registraron ingresos también lo es que sus gastos fueron mayores.

El pleno del sindicato patronal en esta frontera propuso la creación de un Consejo Consultivo Financiero en donde participen especialistas, académicos y representantes de gobierno para encontrar modelos de rescate de las finanzas públicas de Baja California.

El Consejo Consultivo del Centro Coordinador Empresarial hizo un diagnóstico de la situación financiera del Gobierno de Baja California donde registra déficits, incremento de deuda pública, aumento de créditos a corto plazo y falta de planeación que se traduce en incumplimiento de pago a maestros, jubilados, al Colegio de Bachilleres, a la UABC, al Poder Judicial y organismos autónomos.

A la cúpula le preocupa la insistencia de “dejar más compromisos que no serán atendidos” en la gestión de Vega de Lamadrid por lo que exigieron que se cancelen proyectos que tendrán fuertes y compromisos financieros como es el caso del Centro de Control, Comando, Comunicaciones e Inteligencia (C5I) que representa una deuda de 800 millones de pesos “con serias dudas de los beneficios y las condiciones de contratación”, la Planta Desaladora de Rosarito que “excede con mucho las necesidades de la región y al carecer de viabilidad financiera se pagará con incrementos tarifarios y el uso del Impuesto a la Nómina”, y el segundo piso de una vialidad de Tijuana que calificaron de una “imprudencia que requiere una fuerte subsidio de las finanzas estatales”, toda vez que, advirtió en una carta dirigida al Poder Ejecutivo, no obstante la crisis financiera del estado y fuera de toda lógica pretende pagar estos proyectos con un fuerte aumento de impuestos.

Externaron además que la salida financiera de la entidad debe ser a través de control del gasto pero ese esfuerzo “no se ha visto reflejado en los cinco años” de la administración de Francisco Vega, señalaron Kurt Honold, coordinador del CCE en Baja California, Armando León Ptanick, dirigente estatal de Coparmex y los dirigentes municipales de la cúpula empresarial.

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