Sin consultar con su gabinete, «Kiko» Vega cede ante presión empresarial; No habrá incremento a impuestos

Jorge Heras / Mexicali.-El reclamo del sector empresarial organizado de Tijuana y Mexicali que había sido su mejor aliado en la implementación de políticas públicas económicas y hasta sociales, orilló al Gobernador Francisco Vega de Lamadrid a recular en la propuesta de incrementar y crear impuestos para el 2019.

En el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, presentado el pasado 30 de noviembre ante la Comisión de Hacienda del Congreso local, la Secretaría de Planeación y Finanzas planteó un alza del 100 por ciento a la sobretasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISTP), o también denominado Impuesto Sobre Nómina, para pasar de 0.63% a 1.33%, y con ello poder recaudar más de 1 mil 342 millones de pesos.

Además se proyectó la creación de los impuestos a la Salud y a la Educación Básica, el primero de ellos tendría una tasa del 25 por ciento, con lo que esperan recaudar 407.9 millones de pesos, mientras que el segundo iniciaría con una tasa del 10 por ciento.

Hace menos de un mes se justificó estas medidas tributarias como parte de la estrategia para enfrentar la crisis financiera que pasa el Estado y aprovechar el impacto positivo que tendrían la disminución del IVA e ISR en la frontera que plantea para el próximo año el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, la tarde de este jueves en la reunión a puerta cerrada que sostuvo el mandatario estatal con las cámaras empresariales, encabezadas por Federico Díaz Gallego y Kurt Honold, cambió el parecer de Vega de Lamadrid, toda vez que acordó dar reversa a la propuesta de subir y crear gravámenes.

La postura tajante de la Iniciativa Privada desde hace dos semanas es crear un Consejo consultivo financiero en el que participen especialistas fiscales del Sector empresarial y funcionarios de gobierno para, mediante mesas de trabajo, para conocer el estatus financiero real de las arcas estatales y definir cuales son las mejores opciones para las finanzas públicas de Baja California.

El gobernador del Estado aceptó la propuesta para poner en pausa el alza de impuestos y establecer durante el mes de enero cual será la ruta económica a seguir.

En el acuerdo también se estableció que el sector empresarial acompañará las gestiones del Gobernador del Estado para que la actual administración federal pueda, por un lado completar los 4 mil 217 millones solicitados en tiempo y forma a la pasada administración, y que como una solución de fondo, los recursos extraordinarios que se canalizan históricamente para cubrir la alta inversión educativa, se incluyan como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevando a Baja California a la media nacional en cuanto a la proporción que para este rubro invierten las entidades federativas.

Por separado, tanto Vega de Lamadrid y Kurt Honold dieron a conocer los resultados de la reunión, de la que se dijeron satisfechos de la conclusión.

Aunque no revelaron puntualmente que pasaría con las nuevas tarifas del servicio de agua que presentaron todos los organismos operadores de agua del Estado, se dejó a entrever que se mantendría el aumento en algunas tarifas con la condiciones de que el recurso obtenido se destine exclusivamente a obras de infraestructura hidráulica.

Mientras se celebraba la reunión, el Secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz comparecía de nueva cuenta ante los legisladores de la Comisión de Hacienda, a quienes primero afirmó que se mantendría la propuesta del alza y de nuevos Impuestos; pero a mitad de la sesión indicó que acababa de ver un mensaje en su celular que indicaba que el Gobernador había dado marcha atrás de manera momentánea al alza en gravámenes estatales.

Ante el cuestionamiento de los diputados sobre las complicaciones en el presupuesto del 2019 que significaría esta decisión de último momento, Hernández Díaz afirmó que sería complicado pero que se harían los ajustes necesarios para que no impacte a otros rubros del presupuesto.

Son más de mil millones de pesos lo que se pretendía recaudar de estos incrementos a gravámenes.

Es la segunda ocasión que «Kiko» Vega da marcha atrás un proyecto en el que pretendía obtener mayores recursos financieros: La primera ocasión fue más toral y significativa porque fue una Ley que había sido aprobada por mayoría en el Congreso en diciembre del 2017, pero que tuvo que ser derogada ante el reclamo de la sociedad en general porque se manifestaba que la Ley de Aguas pretendía privatizar el recurso además de incrementar las tarifas del servicio en los cinco municipios.