vie. Oct 18th, 2019

Jiménez Payán pide a Gobierno de BC se desista de causa penal en su contra

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Al haber resuelto el Tribunal Contencioso Administrativo de Baja California en favor de José Carlos Jiménez Payán y cinco ex trabajadores de primer nivel del CECYTE por presunto peculado de 55 millones de pesos, para los implicados en este caso no existe razón de que se mantenga la acción penal en su contra, por lo que exigen a la administración de Francisco Vega de Lamadrid que se desista de la querella presentada ante la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) desde hace una década y se reconozca de manera pública su inocencia.

Jiménez Payán y Mario Antonio Rivas Rangel (ex director de Planeación de CECYTE) presentaron a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y a la Fiscalía del Estado un documento en el que sostienen que actualmente se les está juzgando dos veces por el mismo delito, toda vez que se mantiene la causa penal número 127/2009 presentada por la Contraloría en enero del 2009.

Señalaron que, de acuerdo a la sentencia de pleno 221/2013, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinó que «no existe certeza de la obligatoriedad de las funciones en materia de contratación, tampoco existen datos que expliquen el procedimiento para la adquisición de bienes o servicios por parte del CECYTE en los años 2005 a 2009.

Por lo tanto, manifestaron al encargado de despacho de la Secretaría de Contraloría, José María Armendáriz Palomares, que es evidente por la sentencia en materia administrativa que no cometieron los hechos ilícitos denunciados por esta dependencia.

Cabe señalar que el propio Armendáriz Palomares fue el responsable de la auditoría con la que se respaldo la querella ante la PGJE, no obstante que la denuncia se presentó antes de que concluyera la revisión contable ordenada por el entonces Contralor, Edgardo Contreras.

En el caso del expediente que obra en la Procuraduría de Justicia del Estado, Jiménez Payan y Rivas Rangel solicitaron el sobreseimiento de la causa y prescripción de la acción penal.

Explicaron que el Gobierno de Osuna Millán entabló dos procedimientos en su contra una penal y otra administrativo, en los cuales se valoraron los mismos hechos y las mismas pruebas.

En el proceso administrativo fueron absueltos e incluso en el caso de Mario Antonio Rivas fue reinstalado e indemnizado.

De igual forma señalaron que la acusación por el delito de enriquecimiento ilícito ya preescribio al transcurrir 13 años sin que se haya comprobado su culpabilidad.

Jiménez Payán estuvo preso 132 días hasta que un amparo federal obligó a los jueces a declarar su libertad. Desde julio de 2009 se mantiene en California, toda vez que tiene doble nacionalidad.
En ese periodo, el exdirector del CECYTEBC vio ganar su caso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por pruebas insuficientes y ordenar que lo restituyeran en su puesto.

A nivel administrativo se le exoneró e incluso en el Presupuesto de Egresos del CECYTE del 2018 se consideró una partida para cubrir los sueldos caídos de Rivas Rangel y de Jiménez Payán.

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