jue. Jun 27th, 2019

Reestructuración de la deuda, un negocio por el que se pagarán 296 mdp a un despacho: Empresarios

Jorge Heras / Lindero Norte

Mexicali.- La reestructuración de la deuda histórica de Baja California que supera los 12 mil 500 millones de pesos se convertirá en un negocio para un despacho fiscal y una gran afectación al bolsillo e intereses de los ciudadanos, aseveró el Consejo Coordinación Empresarial de Mexicali, Tijuana y Ensenada.

En rueda de prensa realizada simultáneamente en Tijuana y Mexicali, el sector empresarial se pronunció en contra de refinanciar la deuda que tiene el Estado a corto y largo plazo y rechazó las obras de la desalinizadora y el segundo nivel de Playas de Tijuana, los cuales se construirán vía contratos de Asociación Público Privadas (APP).

El pasado 29 de marzo, el Congreso del Estado aprobó, con 12 votos a favor y 5 en contra, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que amortizaba la deuda pública del Gobierno central que ascendió a 12 mil 500 millones de pesos, pero que esta operación financiera terminará generando un costo de 32 mil millones de pesos a pagarse en plazos hasta el 2039.

De igual forma, sin opiniones ni manifiestaciones en contra del sector empresarial ni de activistas, los diputados del PRI y PAN avalaron las nuevas condiciones económicas que fijo la empresa Consolidated Water para edificar la desalinizadora de Playas de Rosarito, y también se aprobó una nueva vialidad en Tijuana a través de una APP; En ambas el Gobierno Estatal se comprometió a pagar 121 millones mensuales a 37 años y 25 millones al mes por 17 años, respectivamente.

Encabezados en Mexicali por el coordinador del CCE, Rodrigo Llantada, los empresarios señalaron que no se va amortizar la deuda con lo aprobado por la Cámara de Diputados, ya que se aumentará el plazo del pago de la deuda a dos años más, con un costo de casi 6 mil millones de pesos.

Llantada aseguró que de acuerdo al dictamen de la Comision de Hacienda, el costo de la operación para el pago de honorarios profesionales y comisiones del despacho que se contrataría ascenderá a 177 millones y si se adhieren costos de derivados de garantías, los mismos alcanzan los 295 millones de pesos.

«Resulta ilógico que se pretenda hacer esta reestructuración de la deuda a estas alturas, cuando los costos de la mismas no se recuperan en lo que le resta a la presente administración, ya que se justificó que se tendría un ahorro financiero para 2019 de 216 millones, en el supuesto que dicho refinanciamiento lo concreten al mes de junio, para entonces ya se habrán liquidado la mitad de los costos del servicio de la deuda, por lo que los ahorros se verían mermados en un 50 por ciento, pero si se considera que la actual administración sale el 31 de octubre, el ahorro para este gobierno sería de tan solo 72 millones», expuso.

Asimismo, la Iniciativa Privada cuestionó que se está afectando el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) mediante fideicomiso irrevocable y se está disponiendo de los fondos federales de las administraciones futuras.

Explicaron que según un análisis que hizo el área técnica de finanzas del CCE, llegaron a la conclusión que con el refinanciamiento de la deuda se tendrían que afectar el 25% del fondo para el fideicomiso de fuente y garantía de pago que habrá que establecerse, por los próximos 20 años; que el destino de dicho convenio se aplicará también a los adeudos contraídos con el sistema de pensiones, el cual no resuelve el problema de fondo ya que no se puede estar recurriendo cada año al endeudamiento; y que al pagar los créditos de corto plazo, se espera mejore la calificación crediticia por lo que el refinanciamiento de la deuda pública deja de tener sentido de urgencia.

«Como hemos señalado con anterioridad, ante la omisión del Estado de no ejercer medidas que convocasen a cumplir con sus compromisos de deuda de corto plazo y en donde fue claro que el endeudamiento que se ejerció fue para gasto corriente, hoy busca eludir sus compromisos financieros pretendiendo refinanciar la deuda de corto plazo, mediante un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público», puntualizó Rodrigo Llantada.

Por último, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial señaló que a pesar del compromiso del gobernador del Estado que hizo en diciembre pasado para analizar en conjunto las mejores formas de enfrentar y salir de la crisis financiera en la que se encuentra las arcas estatales, no fueron tomados en cuenta para la amortización de la deuda histórica.

Criticó a los diputados locales que votaron a favor del dictamen y a los que no asistieron a la sesión, a quienes consideró como co-partícipes del endeudamiento que se generará a los bajacalifornianos

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