lun. May 27th, 2019

Gastan 20 mdp candidatos a la gubernatura de BC en los primeros 30 días de campaña; Vega Marín el que más derrocha

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- El último reporte oficial de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que durante los primeros 30 días de campaña de los seis aspirantes a la gubernatura de Baja California, los partidos políticos y sus candidatos han gastado 19 millones 860 mil pesos, siendo el candidato de Acción Nacional (PAN), Oscar Vega Marín, quien más ha destinado y reportado recursos a sus actividades proselitistas.

El INE es el organismo encargado de fiscalizar de forma pública, transparente y exhaustiva los recursos públicos y privados que gastan los candidatos en las campañas políticas de los comicios federales y locales.

Con 7 millones 275 mil pesos, el abanderado del PAN ha gastado cerca del 40 por ciento del total del recurso erogado por todos los candidatos a suceder a Francisco Vega de Lamadrid durante la primera parte de la campaña; además es el único aspirante en números rojos en comprobación de ingresos, ya que únicamente ha reportado entrada de dinero por 3 millones 800 mil pesos, por lo que le falta por comprobar el ingreso por un monto similar.

En sus gastos, Vega Marín ha destinado 4 millones para propaganda en la vía pública, 1 millón 200 mil pesos para operativos de campaña y 615 mil para propaganda utilitaria. Apenas ha manifestado haber participado en 53 eventos de los 128 que ha registrado.

En el caso de la Alianza “Juntos Haremos Historia por Baja California”, el candidato Jaime Bonilla Valdez reportó egreso por 5 millones 642 mil pesos, de los cuales 92 mil pesos fueron aportación directamente de su cuenta bancaria. En la propaganda en vía pública destinó 3 millones 369 mil pesos, en gastos operativos gastó 300 mil, en propaganda en salas de cine 283 mil y en páginas de internet medio millón de pesos.

Tiene 148 eventos, con solamente 122 realizados.

Los candidatos Héctor Osuna Jaime de Movimiento Ciudadano, Jaime Martínez Veloz del PRD, Ignacio Anaya Barriguete del Partido de Baja California y Enrique Acosta Fregoso del PRI, reportan cada uno un gasto similar por alrededor de 1 millón 400 mil pesos durante el primero de los dos meses de campaña.

En el caso de Martínez Veloz destaca que ha destinado la mayor parte del recurso de campaña para propaganda en vía pública con 1 millón, y que a partir del 25 de abril comenzó a reportar gran parte del recurso.

Acosta Fregoso tiene reportado más ingresos que gastos, cuyo dinero ha sido utilizado en su mayoría para propaganda en vía pública con 1 millón. Es el único de los seis candidatos que actualizó su reporte en el día 33 de campaña para pasar de tener informar gastos por 1 millón 300 mil pesos a 3 millones 603 mil, con un balance negativo en comprobación de ingresos por 850 mil pesos.

Anaya Barriguete en operativo de campaña ha destinado la mayor parte del recurso en espectaculares y lonas en vía pública con 584 mil pesos. Es el aspirante que menos recursos ha destinado a su campaña con 1 millón 200 mil pesos, pero el que más eventos ha reportado con 119.

Mientras que Osuna Jaime, aunque reporta gastos por millón de pesos en actos operativos de campaña, es el que menos eventos públicos dice haber participado con 6 actividades.

El tope de gastos de campaña para el financiamiento tanto público como privado para los candidatos a gobernador es de 23 millones de pesos, es decir, los seis aspirantes no pueden gastar más de esa cantidad fijada por el Instituto Electoral, apegado a la legislación en la materia.

Personal del INE está de cerca con todos los candidatos a municipes, diputados y gobernador del país para verificar atributos de ocurrencia, integridad, exactitud, corte de operaciones, clasificación y existencia en el registro y documentación de las operaciones; además de visitas de verificación a eventos y casas de campaña para identificar y recolectar evidencias de gasto como: templetes, sillas, carpas o lonas, renta de la locación, equipo de sonido, transportación, cuadrillas, utilitarios; y también el monitoreo en páginas de Internet para identificar la producción de videos no reportados y adquisición de servicios en plataformas de redes sociales.

Limitantes de la fiscalización de la autoridad electoral

La gran reforma electoral de 2014 dio paso a una nueva etapa para auditar y revisar los gastos de campaña de los partidos políticos y sus candidatos, pues la fiscalización pasó a ser competencia exclusiva del Instituto Nacional Electoral, por medio de la Comisión de Fiscalización, con el auxilio de la Unidad Técnica de Fiscalización.

Las restricciones al financiamiento privado incluyeron a todas las personas morales – sin importar si son empresas lucrativas o no– y eliminaron las colectas públicas, además las aportaciones de militantes no debeb rebasar dos por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos.

En la resolución del recurso de apelación SUP-RAP-46/2009, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se estableció que «la actividad fiscalizadora tiene por objeto comprobar la situación jurídica y financiera de los sujetos pasivos, con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes para proceder, en su caso, a su regularización, así́ como a la imposición de la sanción correspondiente”.

El número reducido de personas especializadas en fiscalización por parte del INE, los pocos días que tienen para emitir una sanción la autoridad electoral tras la auditoría exhaustiva recién pasada la jornada electoral, las malas prácticas de reportar los recursos gastados por los candidatos a destiempo o al final de la campaña y las limitaciones tecnológicas tanto de la autoridad electoral como de los sujetos obligados, han sido los principales limitantes de que se cumpla a cabalidad la fiscalización, y que incluso se hagan efectivas las sanciones a quienes incumplen.

De acuerdo a Alfredo Cristalinas Kaulitz, Ex Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE «en años recientes, la fiscalización electoral ha evidenciado el incumplimiento casi generalizado de los partidos respecto de sus obligaciones fiscales y de seguridad social; por ello, importa subrayar que el régimen especial que les otorga la LGPP de ninguna manera constituye una exención total del pago de los impuestos».

«La función fiscalizadora, misma que inicia con el registro de operaciones, continúa con la rendición de cuentas, le sigue la fiscalización –con las consecuencias que más adelante se verán–y concluye con la transparencia. Esta última permite acceder a las hojas de cálculo que contienen el detalle de ingresos y egresos de partidos políticos y candidatos», puntualizó.

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