mar. Jun 25th, 2019

Ni con denuncias a la PGJE ni con llamadas al 911 la autoridad evitó feminicidio en Mexicali

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Durante 8 años, Maria Luisa, la segunda víctima de feminicido en Mexicali en 2019, fue objeto de amenazas y golpizas por parte de su esposo Francisco Javier, que la llevaron a ser ejecutada el 10 de junio en su propia vivienda, con complacencia de las autoridades de procuración de justicia y de la policía municipal.

Durante la primera audiencia de la causa penal 02904/2019 en la que se válido la detención del cónyuge de la víctima e imputado por el Feminicidio, la Fiscalía detalló los hechos y acciones que denunció Maria Luisa ante Ministerio Público durante el último año: “Me va a matar, me dice que voy a valer, que va a valer madre todo, nomás cuídate, que esto no se va a quedar así”, fue la última declaración que hizo una semana antes de que fuera asesinada con más de 40 heridas en todo su cuerpo.

En la carpeta de investigación se indica que la hoy muerta acudió tres veces por su propio pie a la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE), lo cual consta en tres diferentes actas, para denunciar los abusos físicos y psicológicos que sufría; en ninguna ocasión hubo medidas de restricción por parte de la autoridad, todo quedó con efecto conciliatorio.

Cabe destacar, que la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali informó que Francisco Javier había sido detenido en varias ocasiones por violencia intrafamiliar y amanezas. Nunca pisó la cárcel, a pesar de ser reincidente.

LA MUERTE LLEGÓ

El asesinato de Maria Luisa es una tragedia en la colonia Solidaridad, una zona popular al sur de la ciudad, que evidencia el desdén de las autoridades investigadoras pero tambiénde la corporación preventiva como es el caso de la policía municipal, quienes hicieron caso omiso a los llamados de emergencia de los residentes de esta colonia.

El agente del Ministerio Público asignado a esta causa penal manifestó en la audiencia que a las 22:00 horas del 9 de junio, los vecinos de la casa de Maria Luisa y Francisco Javier, ubicada sobre la calle Manuel Siliceo con el número 20, llamaron al 911 para reportar los gritos de auxilio de la víctima; al ser ignorados por las corporaciones policíacas, de nueva cuenta reportaron en dos ocasiones más la golpiza que sufría Maria Luisa al interior de su hogar.

Las sirenas de las patrullas se escucharon llegar a la colonia Solidaridad hasta las 4:30 horas del día siguiente, cuando el cuñado y la hija de la víctima llamaron otra vez al C4 para notificar que era demasiado tarde ya que Maria Luisa yacía en un charco de sangre al interior de la casa.

La jueza, Sandra Sofia Rubio Díaz, otorgó prisión a Francisco Javier como medida cautelar hasta la audiencia de vinculación a proceso que se llevará a cabo el próximo domingo 16 de junio.

«FEMINICIDIO UN CRIMEN DE ESTADO»

La antropóloga e investigadora mexicana, Marcela Lagarde, acuñó el vocablo Feminicidio en Mexico desde 1993 pars definirlo como «el conjunto de delitos de lesa impunidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional».

Además fue más allá al considerar que el Feminicidio «es una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado».

En Baja California menos del 10 por ciento de las muertes violentas de mujeres son consideradas por el Ministerio Público y los jueces del Poder Judicial como Feminicido.

En 2018 se registraron más de 250 asesinatos de mujeres, de los cuales únicamente 27 fueron tipificados como feminicidios.

En lo que va del año se han superado las 40 ejecuciones de personas del sexo femenino, y solamente 6 han sido judicializados como homicidios por razón de genero, aún cuando casi todos cumplen con uno o más de los siete causales del Feminicidio estipulado en el artículo 129 del Código Penal del Estado.

1 pensamiento sobre “Ni con denuncias a la PGJE ni con llamadas al 911 la autoridad evitó feminicidio en Mexicali

  1. A las mujeres nos indigna que las autoridades judiciales se preocupen más por maquillar las cifras o disimular los conceptos que por ayudar a las personas en estado de indefensión. Sucede lo mismo con la violencia perpetrada hacia niños y ancianos.

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