mié. Jul 17th, 2019

Rechaza SEA, por ilegal, convocatoria del Congreso para designar al Auditor Superior

Jorge Heras/Lindero Norte
Mexicali

Los ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SEA) rechazaron participar en la Comisión Especial de Evaluación para Designar al Auditor Superior de Fiscalización del Estado hasta en tanto el Congreso local subsane las deficiencias jurídicas y prácticas nocivas en la convocatoria para elegir al titular de “trascendente cargo público en el combate a la corrupción” y rechazaron ser “comparsas ni damas de compañía de intereses partidistas”.

Los consejeros ciudadanos Edgardo Silva, Francisco Fiorentini y Jorge Topete, quien además es presidente del Comité Coordinador del SEA, dijeron que los legisladores pretenden asignarle un rol irrelevante e insulso a esta Comisión Especial de Evaluación, en detrimento de su relevancia definida en la Constitución local, con el propósito de reducirla a una bagatela ornamental que sirva solo para “ciudadanizar” los acuerdos cupulares de repartos de los cargos públicos.

En un oficio enviado al presidente de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, Raúl Castañeda Pomposo, refieren que no comparecerán a su convocatoria del 5 de julio para la sesión de este lunes 8 de julio para el desahogo de las comparecencias de los aspirantes a ocupar la titularidad de la ASF ya que pretende desahogar las entrevistas sin haberse celebrado previamente la sesión de instalación de la Comisión Especial de Evaluación para definir además la metodología y los criterios de evaluación (curriculum, conocimientos y la de idoneidad subjetiva para ocupar el cargo), reglas para garantizar el trato equitativo e imparcial de los aspirantes, mecanismos de participación de Colegios de Profesionistas y de Instituciones Académicas interesadas en emitir opinión sobre los perfiles de los candidatos, a quien habrá de presidir y coordinar los trabajos y a quien auxiliará en la organización de los expedientes, la elaboración de las fichas técnicas y otras medidas necesarias para preservar la integralidad de las actuaciones, con la actual tendencia hacia la judicialización de este tipo de asuntos.

Informaron que a los cuatro representantes ciudadanos en esta Comisión Especial no se les ha corrido los expedientes curriculares de los candidatos con la finalidad de estar en condiciones de imponerse “en el análisis responsable y la adecuada verificación del cumplimiento de los requisitos, así como para solicitar información adicional o formular aclaraciones que permitan soportar el proceso evaluatorio”.

“La convocatoria y sus subsecuentes modificaciones, son instrumentos jurídicos porosos que en lugar de contribuir a la certidumbre, abonan la ruta de la judicialización del nombramiento de la autoridad fiscalizadora, en menoscabo de la certidumbre jurídica, regularidad y estabilidad de esa institución”, apuntaron los consejeros al tiempo de explicar que se detectaron medidas contrarias a las disposiciones constitucionales y la incorporación de fechas y actos pasados, además de advertir que en la aplicación de la legislación “debe regir siempre el principio de la supremacía normativa que, en el ámbito local, se le reserva a las disposiciones de la Constitución del Estado”.

En el documento, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción llamaron a los legisladores a retomar la ruta de la legalidad y de las mejores prácticas de un parlamento abierto y realmente comprometido con la participación ciudadana y el combate a la corrupción.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Gasto del Congreso local, Raúl Castañeda Pomposo, desoyó la postura de los ciudadanos del SEA y procedió a entrevistar a los nueve aspirantes para seleccionar una terna que se presentará al pleno para la designación del Auditor Superior del Estado.

Topete Calvario advirtió que se trata de una ilegalidad en la que incurre el Poder Legislativo porque la Constitución de Baja California define que la instancia para estas designaciones es una comisión mixta entre diputados y ciudadanos del SEA.

Agregó que en caso de mantener la ilegalidad se procederá a solicitar un amparo constitucional.

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