Decidirán diputados locales si se declara validez de «Reforma Bonilla» o se cancela decreto

Antonio Heras y Jorge Heras/ Lindero Norte
Mexicali.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronunció en contra de Decreto número 112 que reforma a ia Constitución Política de Baja California con la que amplía a cinco años al próximo gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

Este órgano parlamentario integrado por Senadores y Diputados federales exhortó al Congreso de Baja California y a los ayuntamientos de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito a realizar acciones para dejar sin efecto este decreto y garantizar el orden constitucional y el respeto al pacto federal.

El pronunciamiento firmado, entre otros, por Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo de Morena remitieron la responsabilidad al Poder Legislativo y tres cabildos de Bajs California que, al menos políticamente, están obligados dejar sin efecto la reforma constitucional, lo que significa que vía iniciativa modifique lo que la XXII Legislatura expidió el 8 de julio de 2019.

Esa noche, 21 diputados de Morena, PAN, PRI, MC, PT, TRANSFORMEMOS Y PRD votarin a favor de modificar la Constitución Política y ampliar a cinco años el periodo de gobierno de Bonilla del 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2024.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se define como garante del federalismo y la representación de las entidades federativas en defensa del orden constitucional.

El destino de un gobierno de cinco o de dos años se encuentra en el recinto parlamentario, muy lejos del titular del Poder Ejecutivo y su reiterada decisión de no publicar la reforma.

En la sesión ordinaria del 25 de julio los diputados decidirán si hacen la declaración de validez de la reforma constitucional para un gobierno de cinco años o presenta y aprueba una iniciativa para cancelar la ampliación del gobierno.

Fuentes consultadas en el ámbito legislativo por Lindero Norte señalaron que unicamente analizarán el pronunciamiento de la Comisión Permante del Congreso de la Unión por tratarse solo de un exhorto.

El exhorto o llamado que hacen senadores y diputados federales no tiene carácter de vinculatorio por lo que si los legisladores locales hacen caso omiso no tiene repercusiones jurídicas.