Dom. Nov 17th, 2019

Piden abogados formulación de delitos contra Kiko Vega, funcionarios y exlegisladores por negocios del agua

Antonio Heras

Mexicali.- A dos dias de concluir el mandato del gobernador Francisco Vega se presentó en su contra una solicitud de formulación de delitos por negociaciones ilicitas, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos más lo que resulte.

Los abogados Armando Salinas y Miguel Ángel García Leyva urgieron al Ministerio Público a formular la imputación de estos delitos ante la posibilidad que Vega de Lamadrid y otros 11 exfuncionarios y exdiputados paniatas evadan la acción de la justicia local ya que hacen referencia a una serie de denuncias que presentaron en 2018.

Los señalados en las denuncias son además del todavía gobernador, en contra de los secretarios Francisco Rueda de la General de Gobierno; Carlo Bonfante de Desarrollo Económico; y Manuel Guevara de Desarrollo Urbano. Incluye al exsecretario de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid.

La denuncia cuyo Número Único de Caso es 202-2018-43580, se formuló también en contra de los diputados reelectos Eva Maria Vázquez y Trini Vaca, lis exlegisladores panistas Raúl Castañeda, José Félix Arango, Ignacio Garcia Dvorak, Sergio Tolento, Andrés de la Rosa, Victoria, Irais Vázquez, Alfa Peñalosa, la perredista Rocío López Gorosave, los priistas Alejandro Arregui, Benjamín Gomez y Patricia Rios, asi como a los otrora panistas Carlos Torres, Victoria Bentley y Mónica Hernández, en la actualidad vinculados a la Cuarta Transformación y sus gobiernos.

Ese año activistas de los movimientos de resistencia, en este caso Baja California Resiste, acudieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para denunciar por lo que se llamaron los negocios del agua a partir de las asociaciones pública-privadas impulsadas por Vega de Lamadrid.

El 24 de octubre de 2019 solicitaron al Titular de la Unidad de Investigación de la PGJE el que formulara imputación en contra del gobernador, funcionarios de su gabinete y exdiputados como consecuencia del Proyecto de la Desalinizadora de Playas de Rosarito por montos superiores a los 70 mil millones de pesos bajo el esquema de APPs.

Los delitos se encuentran considerados en los artículos 292 293, 295 y 305 del Código Penal de Baja California, entre ellos el de negociaciones ilicitas que se tipifica a la acción que «en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, otorgue por sí o por interpósita persona,

contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras

o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el

cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia

administrativa directa, o socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte».

Otro supuesto es el que se valga de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones y que no sea del conocimiento público, haga por sí o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones, adquisiciones o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público.

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