Investiga Fiscalía de BC a policias de Mexicali por tortura de un comerciante

Antonio Heras

Mexicali.- La Fiscalía General de Baja California abrió una carpeta de investigación por tortura contra un agente municipal de Mexicali que golpeó a un comerciante, sometido con esposas metálicas.

La víctima solicitó asilo en Estados Unidos, a través del puerto fronterizo de Calexico, California, al temer por su vida, la de su hijo y de su esposa.

La agresión que duró 14 minutos fue grabada por la cámara de una patrulla policíaca la tarde del 5 de marzo de 2019 y cuyo video fue difundido por la víctima ocho meses después.

Lo hice público para exigir justicia y porque ese dia (el jueves 21 de noviembre) me lo entregaron en Sindicatura Municipal donde permaneció desde marzo, señaló el comerciante José Manuel Elizalde, quien desde ese tiempo presentó queja en el ayuntamiento y en la Comisión de Derechos Humanos, además de denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Hasta la difusión del video este asunto de brutalidad policiaca se reactivó, pues estaba archivado en las tres instancias públicas, mientras los dos policías involucrados se encuentran activos en la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

En la carpeta de investigación de la FGE se incluye al policía en Alberto Landeros por el delito de tortura y robo de 7 mil 500 pesos que extrae de la cartera del detenido, asi como al agente Adrián Contreras por abuso de autoridad.

El fiscal de la Región Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, se reunió con la víctima el sábado 23 de noviembre para garantizarle la atención a su caso y las particularidades de la investigación.

También se reunió con personal de la CEDH que le informó sobre los avances de la investigación y la emisión en los próximos dias de una recomendación por tortura dirigida al Ayuntamiento de Mexicali.

En la Sindicatura Municipal la situación se encuentra en un impasse jurídico ante la peticion de una suspensión del procedimiento administrativo solicitado por ambos policías, un recurso utilizado ante la Comisión de Honor y Justicia por los agentes que enfrentan alguna irregularidad o ilegalidad en su servicio.

Pese que este caso permaneció intocado durante los dos primeros meses de su gestión, la alcaldesa Marina Ávila, de Morena, se deslindó de la actuación de ambos policías al asegurar que la agresión se produjo en la anterior administración y se comprometió a darle seguimiento a este asunto «hasta donde tope».

Este caso de brutalidad policíaca se registró en marzo de 2019 durante la gestión del alcalde Gustavo Sánchez, del PAN, y la gestión del director Ulises Méndez quien en agosto se integró a la National Police Foundation,