Piden investigar a funcionarios del gobierno de Bonilla por actos de corrupción en programas sociales e instalación de gasera

Antonio Heras y Jorge Heras
Mexicali / Lindero Norte
Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción pidieron a la Secretaria de la Honestidad y la Función Pública de Baja California (SHFP) realizar «una investigación objetiva, imparcial e independiente» sobre actos de corrupción en contratos de servicios para programas sociales del gobierno de Jaime Bonilla.

En tanto, en la delegación federal de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública se presentó una denuncia ciudadana contra el secretario de Economía de Baja California, Mario Escobedo Carignan, por presuntos actos de corrupción relacionados con la instalación de una empresa de gas en Tijuana.

Se le acusa de haber recibido dinero a cambio de permisos ambientales para la operación en Tijuana de la empresa gasera Blue Propane e incluye a exfuncionarios del gobierno de Bonilla Valdez: el oficial Mayor Jesús Núñez, la secretaria de Bienestar Cynthia Giselle García Soberanes y el subsecretario de Desarrollo Económico Rubén Roa.

En cuanto a los contratos de servicios de programas sociales, el 25 de noviembre de 2019, el director de Promoción de la Secretaría de Integridad y Bienestar Social, Rosendo Colorado presentó denuncia ante la SHFP sobre la entrega de 28 millones de pesos, en los que señaló a Amador Rodríguez Lozano, secretario General de Gobierno, Cynthia García Soberanes, titular de la SIBS, y del oficial Mayor, Jesús Damián Núñez.

Según Colorado estos servidores públicos recibieron dinero de diversos empresarios con la promesa adelantada de la entrega de contratos de proveeduría, desayunos escolares, proveedor de alimentos en penales, así como contratos en el sector vivienda.

Estos fondos se canalizaron supuestamente al “Voluntariado de Bonilla” o al “Voluntariado Gente como tú”.
En el documento se detalla a la titular de la SHFP de Baja California, Vicenta Espinoza, que en sus indagatorias abarque las actividades y operaciones realizadas antes y después de los nombramientos como servidores públicos pues participaron en la transición gubernamental y en el gabinete del actual Gobierno.
García Soberanes y Núñez Camacho pidieron licencia al trascender este asunto.

También le solicitan que investiguen a las empresas Blue Propane, Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla, Master Build de México, a los empresarios Alan Jaramillo, Alebrto Elias Retees, Marco Antonio Sanchez Acosta, Humberto Valadez García, María de Lourdes Patiño y Carlos Patiño.

Además que investigue la participación en estos actos de Rosendo Colorado, quien declaró haber recibido esas cantidades de empresarios para obtener contratos y después les regresó 14 millones de pesos, y a Einar André Hernández Garza, secretario particular de García Soberanes, quien fue detenido en posesión de 2 millones de pesos y 100 mil dólares en efectivo el 4 de octubre en el puesto militar de El Centinela, pero fue liberado minutos después como cortesía pues tanto el Coronel encargado de la II Región Militar en Mexicali como policías federales dieron luz verde a los recursos de programas sociales del gobierno de Baja California.

El Sistema Estatal Anticorrupción plantea el exhorto al secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, para que presente denuncia formal en contra del diputado expanista Miguel Ángel Bujanda, a quien señaló mediáticamente por haberle pedido un millón de pesos para votar a favor de la reestructuración de la deuda pública.

Un tercer punto pide al gobernador Jaime Bonilla que revoque la patente de notaría de Rafael Leyva, sobrino del exgobernador priista y ahora filomorenista Xicontecatl Leyva Mortera, tal y como se hizo con otras cuatro notarías que autorizó Francisco Vega de Lamadrid.