Mar. Sep 29th, 2020

Congreso local pretende desaparecer Sistema Anticorrupción: Fiorentini

*Presentan queja ante SCJN por abuso de poder

Jorge Heras y Antonio Heras
Mexicali.- El Congreso de Baja California pretende desaparecer el Sistema Estatal Anticorrupción, advirtió el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Francisco Fiorentini Cañedo, quien informó que se presentó una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El recurso ataca en la declaratoria que hizo el Poder Legislativo del 29 de marzo de 2020 para declarar inexistentes a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA con el pretexto de dar cumplimiento a la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 119/2017 que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la SCJN.

El Congreso local exhortó a la SCJN para enviarle la sentencia que se encuentra en engrose y a la CNDH para que se la comparta, pero mientras indicó al SEA de abstenerse de realizar reuniones y trabajos.

La SCJN resolvió la ilegalidad de los artículos 16 y 17 de la local anticorrupción para que cobraran todos los consejeros ciudadanos ya qué cinco son honoríficos y los 10 restantes reciben honorarios. En la queja de la CNDH se incluyó la integración del CPC para ajustarla al organismo nacional pero la Corte determinó que es una decisión de cada entidad.

La intención del Congreso del Estado es paralizar al Sistema Anticorrupción de Baja California a través de una interpretación de la sentencia de la Corte, dijo el presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEA-BC, Francisco Fiorentini.

Explicó que es una actitud perversa del Congreso local, a propuesta del diputado Juan Manuel Molina de Morena, porque dejan sin operar al SEA y dan por descontado que somos inexistentes, al amparo de una resolución de la SCJN.

Fiorentini dijo que en marzo los representantes gubernamentales en el CPC «reventaron’ la sesión donde se plantearían actos de corrupción como los «mixhes» de los empresarios a integrsntes de esta administración estatal, la petición de dinero de un diputado para aprobar iniciativas del gobierno y la cesión de notarias públicas a abogados afines a este gobierno.

La propuesta de cancelar esa sesión provino de la secretaria de la Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinoza, a partir de un guión del consejero ciudadano Ricardo Zurita, que dejó olvidado la funcionaria estatal en su asiento al término de la sesión.

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