Ilegal, integrar prestaciones a salario de jornaleros de San Quintin: SNIDJ. Poco avance en 5 años

Antonio Heras / Lindero Norte

Mexicali 
El gran problema en el Valle de San Quintín es que los jornaleros agrícolas reciben un salario ilegal porque supuestamente integran las prestaciones sociales al sueldo y el monto por día parece justo pero no es así, asegura Lorenzo Rodríguez, dirigente del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SNIDJ), una organización con 5 mil afiliados. 

Además del salario integrado, en los campos aún subsiste el maltrato, la discriminación, en algunos casos no hay baños ni agua, «son asuntos que debemos resolver de raíz»,  dijo. 
A cinco años de una protesta colectiva para exigir mejores salarios y condiciones, se ha avanzado poco, señala. 

El 17 de marzo de 2015, miles de jornaleros cerraron la carretera Transpeninsular, ranchos, centros de empaque de hortalizas y frutas para exigir un salario diario de 300 pesos, incluirlos en seguridad social, la construcción de un hospital y, un punto toral en el pliego petitorio, cese del acoso sexual a jornaleras. 

«Se ha avanzado poco, aunque hay un antes y después del 17 de marzo pues pagaban el día entre 90 y 100 pesos, la atención del IMSS no era para todos, los incluían como trabajadores temporales aunque fueran permanentes»,  expresó. 

Hay jornaleros que tienen en la misma empresa hasta 27 años y no gozan de prestación ni tampoco le reconocen antigüedad. 

Juventino, un jornalero de Colonet, fue el primero en jubilarse en San Quintín luego de una revisión a fondo porque la empresa tenía contabilizada solo 200 semanas pero él tenía sus recibos de pago y pudo demostrar los años trabajados. Logró jubilarse en 2020.

Para Rodríguez el cambio tangible entre los jornaleros en esta región del país es la mentalidad y el conocimiento de sus derechos. La organización empieza a tomar forma, es más ordenada, consideró. 

Se organizó un sindicato, después se registró una escisión que dividió el movimiento y surgió otra organización, aunque desde el año pasado los trabajadores empezaron a participar y a organizarse en cada centro de trabajo para exigir sus derechos, como se refleja en los paros laborales en San Marcos Invernaderos, Agrícola Colonet, Dos Mares, Berrymex y Gavaro Produce donde recientemente indemnizaron a tres mayordomos. 

Se estima que de Colonet a Rosario, poblados que se ubican en el Valle de San Quintín, trabajan 50 mil jornaleros agrícolas, con un salario de 213 pesos al día pero ahí se integran vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, lo cual es ilegal, reitera el dirigente oriundo de Tlaxiaco, Oaxaca, quien migró al sur de Baja California hace tres lustros cuando apenas tenía 15 años de edad. 

«El salario integrado es ilegal, por lo que hemos exigido que no incluya prestaciones básicas, aguinaldo ni utilidades», advierte al tiempo de señalar que en despidos o renuncias han logrado que se reconozca la división entre sueldo y prestaciones en beneficio del jornalero.

Hay avances en la atención de la Secretaría del Trabajo y porque varias empresas acataron los acuerdos y ahora buscamos una salida conjunta para entrarle a resolver de fondo la cuestión salarial. 

La empresa Agrovida pasó de pagar 240 pesos de salario diario a 260 pesos, dijo, esa podría ser la base para exigir un incremento salarial pero en el fondo buscamos eliminar el salario integrado. 

Sigue vigente la demanda de cesar el acoso a jornaleras en los campos del Valle de San Quintín , reconoció al tiempo de expresar que falta mayor participación de las propias mujeres para encausar la e impulsarla de manera colectiva, aunque es complicado por el miedo a denunciar y que los patrones acusen de «alborotar». 

En ese contexto, ponderó el surgimiento de la organización Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras Agrícolas Indígenas que atienden casos de violencia doméstica.