Se impone Bonilla: Aprueba Congreso de BC transferir a municipios el servicio de agua y poder privatizarlo

Antonio Heras y Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- A tres meses de concluir su mandato, el gobernador Jaime Bonilla Valdez presentó una iniciativa para reformar la Ley que Regula el Suministro de Agua en Baja California que fue aprobada en la última sesión la XXIII Legislatura, de mayoría morenista, sin contar con estudios de factibilidad ni opiniones de los ayuntamientos y que posibilita la privatización del cobro del agua

Incluso abre la puerta para que los municipios se asocien para «la más eficaz prestación de este servicio» , de acuerdo al artículo 124 adicionado en esta ley bonillista.

Los diputados locales aprobaron también la figura de procedimiento administrativo coactivo para que los organismos públicos embarguen propiedades para garantizar y hacer efectivo el recaudo de las deudas fiscales por suministro de agua, sin mediar resolución judicial.

Con 13 votos favor, 11 en contra y una abstención, el decreto gubernamental transferirá el suministro de agua potable, el servicio de alcantarillado y drenaje a los ayuntamientos: En el caso de Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe, contaran con un año para crear su organismo paramunicipal, mientras que las Comisiones de Servicios Públicos de Tijuana, Ensenada y Mexicali, transferirán de manera equitativa y proporcional al número de usuarios de cada municipio, así como a la necesidad de infraestructura de los nuevos organismos paramunicipales.

En la modificación señala que existe una deuda histórica desde diciembre de 1999 cuando a nivel federal se dispuso fortalecer a los municipios con el manejo de los servicios del agua para la población.

La propuesta incluye modificaciones a una decena de artículos de la ley del agua, así como a la Ley de la Administración Pública de Baja California para transferir la infraestructura, bienes, pasivos y activos a empresas para municipales que se encargarán de los servicios de agua.

La principal fuente de suministro de agua en Baja California es el Río Colorado que se conduce a las ciudades de zona costa a través de un acueducto que eroga 100 millones de pesos mensuales por suministro de energía eléctrica a cargo de una empresa privada, cuyo precio paga el gobierno estatal, a través de una concesión aprobada por el Congreso local por 30 años.

En seis meses, los cabildos deberán emitir la reglamentación municipal para operar estos organismos que en la actualidad son operados por empresas para estatales. Hasta en tanto no se realice la transferencia de cuentas, los órganos operadores de agua seguirán siendo responsables de su administración.

Con este decreto, la problemática del agua en la entidad contará con la participación de la Federación, del gobierno estatal y seis ayuntamientos, de los cuales San Quintín apenas instaló su Concejo Fundacional y San Felipe está en proceso de integrar su órgano inicial de gobierno.

SE IMPONE BONILLA

La mayoría de legisladores de Morena aprobó la presentación de la iniciativa en el pleno, a pesar de no haber sido socializada entre comisiones parlamentarias, incluso sin que el dictamen tenga el impacto financiero que esta transferencia ocasionaría, ni la opinión de los cabildos y del Auditor del Estado.

Sin embargo, el jaloneo entre los diputados morenistas, principalmente no se centró en cuestiones técnicas, como incluso algunos de ellos refirieron en el Pleno, sino en la última imposición que tuvo el gobernador Bonilla Valdez a esta legislatura, frente a la petición que hizo la gobernadora electa, Marina del Pilar para que este tema no pasara.

Al final, el diputado Juan Manuel Molina y Víctor Navarro se inclinaron hacia una estabilidad política los próximos 6 años votando en abstención y en contra, respectivamente, ante la petición de Marina del Pilar de que se definieran.

Miriam Cano y Julia Andrea votaron en contra. La diputada ensenadense suena para titular de una dependencia o Subsecretaría en la gestión de Marina, mientras que la legisladora tijuanense se mantendrá en su curul los siguientes 3 años.

Aracely Gerarldo y Evangelina Moreno, también aseguraron su futuro, pues repetirán como diputadas, una estatal y la otra federal.

Quien se mantuvo fiel a su estrecha relación con Bonilla fue Ramón Vásquez Valadez, pese a que pretendía ser el presidente de la JUCOPO de la próxima legislatura, y la suplente de Monserrat Caballero, Gloria Arcelia Miramontes, quien logró la reelección.

Cabe señalar que a Fausto Gallardo no lo dejó regresar a votar desde su curul la presidenta de la Mesa Directiva, Eva Rodríguez, quien terminó votando a favor del dictamen del gobernador. El voto del legislador del verde sería en contra, pero su suplente votó a favor.