• noviembre 26, 2021
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Fiscalía del Estado solicitó al Congreso una modificación presupuestal para adquirir un sistema de espionaje de teléfonos celulares

Fiscalía del Estado solicitó al Congreso una modificación presupuestal para adquirir un sistema de espionaje de teléfonos celulares

Antonio Heras y Jorge Heras / Lindero Norte
La Fiscalía General de Baja California (FGE) pretende adquirir un sistema de intercepción de llamadas telefónicas con la justificación que será para investigaciones de delitos de alto impacto, entre ellos el secuestro, a través de un sistema informático con capacidad de recolectar datos en audio y video en forma masiva, sin consentimiento de los usuarios y de la empresa de telefonía.

Se trata de un sistema de espionaje, mediante la herramienta tecnológica IMSI-IMEI Catcher, capaz de generar una falsa estación base para interactuar y tener acceso a cualquier teléfono móvil, además que de manera sigilosa tiene la capacidad de localizar y capturar la identidad del usuario.

Estos instrumentos tecnológicos son señalados ante el riesgo de abuso y arbitrariedad y porque contravienen el “Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto en México” propuesto y firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la intervención de comunicaciones de la población, el acceso a datos personales y geolocalización a través del uso de tecnología de vigilancia, mecanismos de control judicial, de transparencia y rendición de cuentas.

En el caso de Baja California la adquisición de la herramienta tecnológica ya cuenta con la aprobación del máximo órgano de fiscalización estatal que es la Auditoría Superior del Estado), a pesar de la inexistencia de una ley que regule su uso, además que es difícil detectar sus receptores ya que son herramientas que actúan como falsas torres de telefonía móvil para simular la identidad del usuario, tener acceso al dispositivo de una persona e interceptar llamadas, mensajes de texto, cuenta de redes sociales que se transmiten a una torre de destino y control del operador de red; en términos llanos, focaliza un teléfono celular y después rastrea todos los teléfonos móviles conectados a la red.

La intención del fiscal Guillermo Ruiz Hernández, bajo el argumento de “hacer más eficiente los resultados de investigación en materia de secuestro y de otros delitos igual o de mayor impacto”, trascendió al ser declinada momentáneamente en comisiones del Congreso local ante las dudas que generó en diputadas y diputados una modificación presupuestal por 16 millones 196 mil pesos y la justificación institucional para su destino.

La FGE pensó que pasaría desapercibida esa ampliación de recursos para el sistema de espionaje porque la transferencia entre sus partidas también cuenta con la viabilidad financiera de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda de la administración estatal (cuando Jaime Bonilla era gobernador) y de la Auditoría Superior del Estado, requisitos para realizar una modificación, de acuerdo a la Ley de Presupuesto y Ejercicio de Gasto Público del Estado, pero fue detenida por los diputados de la Comisión de Hacienda que preside la morenista Julia González, quienes tienen hasta el 4 de diciembre para discutirla y en su caso aprobarla o rechazarla.

Cabe señalar que en el mismo paquete de propuestas de modificaciones de partidas, la Fiscalía también solicitó recursos para una memoria de libros de la Preparatoria militarizada por 5 millones 200 mil pesos, pero esa ya fue rechazada por la misma comisión por “el gasto oneroso e innecesario” que significaba.

En entrevista con este medio informativo, Vladimir Cortés, Oficial del Programa de Derechos Digitales de Articulo 19, manifestó su preocupación porque se llegue a concretar la adquisición de este tipo de equipo tecnológico en Baja California, pues aseveró que no existe una “normatividad robusta” para proteger el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión de los mexicanos, además resaltó que es necesario crear “controles democráticos” como órganos de supervisión externos a la autoridad que lo use, algún tipo de auditoria o de evaluación de impacto del despliegue de este tipo de infraestructuras y tecnología.

“El llamado es decir paremos ahorita, y una vez que logremos tener un marco robusto, ahora si podemos pensar en desplegar este tipo de herramientas… mientras no se hagan estas modificaciones, entonces seguirá habiendo muchas dudas de si este tipo de herramientas se están utilizando para los fines que se están previstas, porque tienen ese potencial para espiar a periodistas, activistas o grupos opositores”, explicó Vladimir Cortés.

Explicó que con este tipo de equipos existen muchos riesgos que se han documentado en los últimos años con los abusos en el uso de estas herramientas.

En la administración de Francisco Vega de Lamadrid, WikyLeaks dio a conocer los servicios de la empresa Hacking Team, subsidiaria de Elite by Carga, firma dedicada al espionaje a través de un sistema informático que adquirió de manera directa la Secretaría de Planeación y Finanzas, a cargo de Antonio Valladolid. Ante la negativa de la Secretaría de Seguridad Pública de haber comprado el servicio, fue a partir de correos electrónicos que se supo que el equipo se instaló en las oficinas del Poder Ejecutivo en Mexicali y también se realizó la capacitación.

En 2015, el gobernador Francisco Vega dio “carpetazo” a la contratación al rechazar cualquier adquisición y relación con la empresa de espionaje, pese a la publicación de los documentos de WikyLeaks. Sin embargo, en la elección de 2016, se denunció que en unas oficinas de la colonia Juárez de Tijuana, propiedad de Valladolid, se instaló ese equipo para realizar intervención telefónica de candidatos rivales del partido Acción Nacional (PAN).

El equipo dejo de utilizarse porque cayó en desuso por la actualización de sistemas del servicio de tecnología de las empresas telefónicas un año después de su contratación, de acuerdo a una fuente informática gubernamental que reconoció el empleo de estas herramientas tecnológicas para actividades de intervención de llamadas en la administración kikista.

INTERCEPCIÖN DE MENSAJES

La organización internacional Artículo 19 y las asociaciones civiles Red de Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC, Tecnología digital para el cambio social, denunciaron la instalación de 21 antenas de torres falsas (IMSI-IMEI Catcher o stingrays) contratados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina-Armada de México. El mismo sistema que la FGE pretende comprar para fortalecer sus investigaciones.

En el informe “Las Golondrinas en el alambre del gobierno federal: torres falsas de telefonía para recolectar información de personas” señalan que en estos aparatos recolectan datos de todos los teléfonos en su rango de alcance de manera masiva e indiscriminada, tales como números de identificación de la tarjeta SIM (IMSI) y del dispositivo (IMEI), proveedor de telefonía celular, ubicación, e incluso llamadas y mensajes, además que cuentan con la capacidad de interceptar la conexión entre una red celular auténtica y los teléfonos para recolectar información sin el consentimiento o conocimiento de las personas o del proveedor telefónico.

En diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que ya no habría “golondrinas en el alambre” (intervención telefónica del gobierno con fines de espionaje). Un año después, el 10 de diciembre de 2019, señala el informe, el gobierno presentó el Cuarto Plan de la Alianza para el Gobierno Abierto en México que contiene compromisos para generar controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas , incluidas adecuaciones para regular el uso de tecnologías, acceso a datos conservados y geolocalización.

PROPUESTA DEL FISCAL

El 8 de octubre de 2021, José Antonio Ramírez, oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda (durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, solicitó un ampliación de recursos de 16 millones 196 mil pesos de la partida Equipo de comunicación e telecomunicación con el propósito de optimizar la persecución penal en los delitos de alto impacto en el estado de Baja California, bajo el sustento que no existe impacto programático al formar parte de las investigaciones reportadas dentro del Programa Operativo Anual.

La subsecretaria de Egresos de la SH le otorgó la viabilidad financiera, tratándose de la Partida 56501 Asignaciones destinadas a equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones, refacciones y accesorios mayores como comunicación satelital, microondas, transmisores, receptores, cuya finalidad era “mejorar los equipos de los tiempos de respuesta operativa en el combate al delito de secuestro y otros delitos de mayor impacto”.

En su reporte analítico, se precisó que los recursos para fondear la adquisición del sistema tecnológico provendrían de productos financieros, de recursos destinados a la evaluación, verificación de entorno social, entrevistas, investigación documental y de antecedentes, así como obtenidos por servicios de seguridad privada a personas físicas o morales con establecimiento y la mayor parte por servicios de protección a particulares (escoltas).

El contrato se asignaría a la empresa Genesi Networks Consulting S. de R.L de C.V., con presencia en Colombia, Estados Unidos, Perú, Costa Rica y México, definida como una empresa especializada en ofrecer servicios y soluciones en materia de infraestructura tecnológica y conectividad de redes.

En el documento de la FGE señala que es una empresa con experiencia en agencias de gobierno en la comunidad de inteligencia, en áreas situacionales, sistema de telecomunicaciones críticas, plataformas integrales de monitoreo y vigilancia electrónica, servicio vinculados a la protección, observación aérea, intercepción satelital, ubicación tiempo real, inhibiciones inteligentes, reconocimiento, radio localización, vigilancia encubierta, sistemas biométricos y forenses.

Lo que también destaca es que empresas y especialistas consultados sobre el tema aseguraron que este tipo de equipo con esas mismas características tiene un costo inferior, es decir que las Fiscalía infló el precio, pues estos expertos, que prefirieron mantener el anonimato, sostuvieron que un equipo como ese no pasa de 8 millones de pesos, no los 16 millones 196 mil pesos que pide el órgano autónomo creado en noviembre del 2019.

El equipo que solicitó la Fiscalía, que si obtiene la negativa del Congreso de todas formas lo pudiera adquirir con sus partidas del presupuesto del 2022, tiene como características técnicas: consta de Stealth IMSI-IMEI Catcher, id grabber, catch&reléase, full sdr tecnología de radio, definida por software, bandas de frecuencia mundial, cuatro canales, multibanda 900/1800/2100 y 2600 para todas las redes móviles.

Cuenta con tecnologías GSM 2G, UTMS 3G y LTE 4G, escalable y flexible para nuevas tecnologías. Potencia RF ajustable hasta 20 vatios de potencia máxima por canal para GSM 2G y UTMS 3 G, y hasta 15 vatios para LTE 4G. Potencia máxima total de RF 80 vatios. Estuche de pelicano 1560 integrado, Incluye antena direccional TXRx de alta ganancia, antena GPS de 30 hilos. Incluye kit de buscador direccional de radio de portátil, kit de campo de control remoto universal, detector de RF Steath Jug, cargadores, teléfono andraoide con software URC2, auriulares inalámbricos, cordon adaptador de 2.5 a 3.5 mm, antena de mano de banda ancha, tres antenas textiles, antena de parche LTE para uso corporal. CDMA para uso corporal, manual de usuario, batería de litio recargable.

Vladimir Cortés, del programa de Derechos Digitales de Articulo19 sostuvo que no se trata de un “Malware” como en el caso de Pegasus o Hacking Team, pero es una tecnología “intrusiva de vigilancia” que puedente tener la capacidad de acceder a la información de nuestros teléfonos.

“Hay una necesidad de reducir y ampliar la seguridad de la ciudadanía, pero existen otros vías menos lesivas y menos restrictivas. No es que no se use, pero necesitamos hacer las restricciones pertinentes. Una de las exigencias de organizaciones (de la sociedad civil) es que en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (propuesta por AMLO) sentarnos con las distintas autoridades para establecer una hoja de ruta para el establecimiento de los controles democráticos”, expuso.

El especialista en derechos digitales sostuvo que a nivel federal ya se delineó cuáles son las necesidades para un nuevo marco normativo y operativo de este tipo de tecnologías: diagnóstico sobre la legislación a nivel local en la materia, definir las facultades para el uso de este tipo de equipos, regulación del proceso de adquisición de la tecnología, involucrar a organizaciones civiles locales que permitan la supervisión y que existan discusiones a nivel parlamentario una vez revisado todo.

 

 

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