• diciembre 10, 2021
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Desmantelada la lucha contra la corrupción en BC

Desmantelada la lucha contra la corrupción en BC


Antonio Heras / Lindero Norte
Mexicali – La lucha contra la corrupción en Baja California se encuentra desmantelada toda vez que están acéfalas la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado y la Sala Especializada Anticorrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

El fiscal es el encargado de investigar delitos, mientras que el magistrado investiga faltas graves por irregularidades administrativas de servidores públicos. Uno hace la tarea penal por ilícitos y el otro los procedimientos administrativos que implican sanciones graves por conductas de corrupción.

En materia administrativa están en funciones las Sindicaturas Municipales, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado y los 40 Órganos Internos de Control del gobierno estatal.

Hace 18 años, la Organización de las Naciones Unidas declaró al 9 de diciembre como el Día internacional contra la Corrupción para crear conciencia sobre los efectos negativos que tiene para el desarrollo de los países, pues atenta contra el Estado de Derecho al afectar la estabilidad y seguridad a la sociedad.

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) señala que una de las facultades de las Contralorías es conocer y dar seguimiento a las faltas y sanciones de orden administrativo y, en su caso, denunciar ante las autoridades ministeriales los actos que pudieran constituir delitos.

En otras palabras, los Órganos Internos de Control  representan la primera instancia a la que pueden recurrir los ciudadanos para denunciar irregularidades en el ejercicio de la función pública.

En Baja California, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública solo sancionó a dos servidores públicos en 2020 y todo lo canalizó a la Fiscalía General del Estado pero olvidó hacer su trabajo en cuanto a la contención de corrupción administrativa.

El 29 de enero de 2020 la fiscal Anticorrupción Olga Elizabeth Ojeda Mayoral presentó su renuncia a solo un mes de estar en funciones por la ausencia de presupuesto y de personalidad jurídica de este órgano que nació autónomo y ahora forma parte de la FGE.

El 11 de marzo de 2020, Iván José Curiel Villaseñor, renunció a su cargo como Magistrado Anti-Corrupción de Baja California, a cinco meses de haber sido designado en el Tribunal de Justicia Administrativa.

Desde ahí, no se ha designado a quienes investiguen actos de corrupción en la administraciones públicas estatal y municipales, incluida la complicidad con particulares.

Ante la solicitud de una investigación exhaustiva de la entrega de dinero con la promesa de obtener contratos en la administración estatal y la petición de acudir a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el Gobierno de Jaime Bonilla desmanteló al Sistema Estatal Anticorrupción y en complicidad con el Congreso local decidieron paralizar a esta entidad pública y les negaron presupuesto para ese año.

En la actualidad, el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California no puede sesionar por la inexistencia de quórum ya que se requiere la presencia del 50 por ciento mas uno de sus integrantes.

En marzo de 2021, la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, suspendió a cinco consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción, además del secretario Ejecutivo del SEABC.

Un tribunal federal ordenó a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública a regresar a sus funciones al abogado Jorge Topete, consejero ciudadanos cuyo encomienda concluye en 2024, además que no emita resolución alguna hasta en tanto el Poder Judicial de la Federación resuelva de fondo. El litigio de tres consejeros y una consejera se encuentra en proceso.

En ese contexto, de los 22 integrantes del Comité Coordinador solo están en funciones un consejero ciudadano y nueve representantes de gobierno: la secretaria de la Honestidad, los cinco síndicos municipales, el presidente del Tribunal de Justicia del Estado, el presidente del Instituto de Transparencia y el auditor Superior del Estado.

Una consulta este 9 de diciembre, Dia Internacional contra la Corrupción, los portales institucionales de los Poderes Públicos del Estado, de los ayuntamientos y de organismos autónomos son una muestra de opacidad pues no aparecen contratos de obras y servicios ni servidores públicos sancionados desde 2019, entre otros, lo que contraviene los principios torales de la administración pública sobre transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad.  

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