Contrato de Bonilla con Next Energy nunca fue transparente; deben ser castigados funcionarios responsables: Canacintra

Lindero Norte

El contrato de la planta de generación de energía fotovoltaica, que la administración de Jaime Bonilla dio a la empresa Next Energy, desde el principio se mantuvo en la opacidad por el sector gubernamental, y la información disponible mostraba un convenio que no ofrecía las bases legales, técnicas y económicas convenientes para el Estado, afirmó Alberto Sánchez Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Mexicali.

A través de un comunicado de prensa, el líder empresarial sostuvo que este proyecto bonillista comprometió las finanzas públicas al ser un contrato que en el largo plazo resultaba incosteable desde el punto de vista financiero y tecnológico.

“Para nosotros no resulta sorprendente esta situación, ya que desde un inicio hicimos reiteradamente señalamientos a la propia autoridad de que este contrato carecía de claridad y no ofrecía las condiciones económicas para ser un proyecto sustentable de energía para atender al consumidor más importante del Estado que es el acueducto Río Colorado Tijuana”, puntualizó.

Expuso que el Gobierno del Estado tiene el respaldo de los industriales de Mexicali por las acciones jurídicas y administrativas que dio a conocer el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexia, en contra de varios funcionarios de la anterior administración estatal por contratar a esta empresa de generación de energía.

En su momento, dijo, señalamos públicamente las inconsistencias, la falta de transparencia y el error que estaba cometiendo la anterior administración estatal al firmar dicho convenio en condiciones opacas y sin la transparencia debida, poniendo con ello en riesgo las finanzas públicas que podrían representar al día de hoy hasta 12 mil millones de pesos de pérdida para Baja California.
Sánchez Torres, enfatizó

Indicó que este caso debe marcar un precedente en la historia de Baja California, para que este tipo acciones indebidas emprendidas por servidores públicos no queden impunes.

Alberto Sánchez Torres agregó que estas demandas «deben de llegar hasta las últimas consecuencias y no debe existir ningún trato preferencial, ni de orden político a la hora de deslindar responsabilidades».