mayo 24, 2022

Aprueba Congreso de BC contrato plurianual por 1,174 mdp para renovar C5i «obsoleto»

Jorge Heras / Lindero Norte
Con el voto a favor de casi todas las fuerzas políticas (a excepción del PES que ninguna legisladora se presentó), el Congreso local validó que el Gobierno del Estado celebre un contrato plurianual por 5 años y medio para renovar y optimizar el equipo tecnológico y operativo del C5i que durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid se adquirió con otro contrato plurianual de 10 años por 789 millones de pesos, por lo que a partir de este mismo año se estarían pagando dos contratos para el mismo fin: la seguridad y vigilancia sin tener resultados tangibles por la adquisición del equipo de la empresa Seguritech.

En sesión ordinaria, la Cámara de diputados aprobó con 22 votos a favor y 1 uno en contra, el Dictamen 85 de la Comisión de Hacienda que contempla el “Servicio Integral de Equipamiento, Instalación, Mantenimiento e Integración Tecnológica para el Sistema Estatal de Videovigilancia en el Estado de Baja California”.

«El objetivo primordial del proyecto, es la adquisición de infraestructura para una mejora evolutiva en el sistema de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano del Estado de Baja California, derivado de que algunos de los equipos actuales presentan una obsolescencia tecnológica y conforme han evolucionado las tecnologías, es necesario un ajuste en el equipamiento para contar con infraestructura de última generación de los equipos tecnológicos necesarios que garanticen la continuidad operativa del actual proyecto, cuya misión es fortalecer a través de una solución tecnológica, las actividades de atención de emergencias», señala el dictamen aprobado.

La bancada del PAN y Movimiento Ciudadano presentaron dos reservas a la iniciativa del Gobierno del Estado con el fin de que con ese recurso de más de mil 100 millones de pesos se contemplará la compra de patrullas, equipos tácticos y hasta drones, pues se criticó que a las corporaciones les falta equipamiento.

A nombre de los partidos de oposición, Daylin García y Alejandrina Corral, cada una por su parte, planteó que se creara una Comisión Especial de Fiscalización para revisar periódicamente el destino y uso de los recursos avalados por el Congreso para este proyecto.

Asimismo se pidió que se investigara las administraciones de «Kiko» Vega de Lamadrid y de Jaime Bonilla por posibles actos de corrupción y omisiones en el destino de recursos para este tipo de políticas.

Ambas reservas fueron votadas en contra, por lo que se desecharon.

A mediados del 2018, la administración panista de Francisco Vega de Lamadrid emitió el fallo de la licitación para el cuestionado C5i, que primero se proyectaba con un costo de más de 2 mil 300 millones de pesos, pero por presiones de activistas, algunos diputados y que medios de comunicacion evidenciaron las irregularidades, terminó costando poco menos de 800 millones de pesos. El contrato plurianual se concedió a la empresa Seguritech para la instalación de 200 cámaras, 5 mil 300 botones de pánico, 9 arcos lectores de placas y 75 km de fibra óptica.

A 3 años de la instalación del equipo tecnológico, el dictamen y propuesta del Gobierno del Estado, el cual contempla viabilidad financiera, para adquirir nuevo equipo es debido a que el actual está obsoleto. Situación que en su momento especialistas en la materia dijeron al Congreso que sucedería porque las renovaciones tecnológicas nos costarían a los bajacalifornianos.

Ahora con el nuevo contrato, la propuesta para instalar el equipo y herramientas (que no está detallado en el Dictamen qué exactamente se utilizará) contemplan fortalecer las capacidades tecnológicas, considerando su evolución, con componentes de última generación que permitan a las instituciones de seguridad el intercambio positivo de información en la generación de inteligencia, contando para ello con una solución robusta, integral e inteligente que permita una interoperación de los sistemas del Centro.

«Se busca optimizar sus componentes con los avances tecnológicos que se tienen a la fecha en materia de videovigilancia urbana, para incrementar los niveles de seguridad pública, disminuir sucesos delictivos, así como optimizar la capacidad de monitoreo y seguimiento de incidencias en materia de protección civil y seguridad ciudadana en el Estado de Baja California, simultáneamente de la consolidación, fortalecimiento y modernización del sistema tecnológico de videovigilancia», indica el dictamen.

Los pagos se dividirán en 5 años empezando en 2023 con 239 millones de pesos anuales y 215 millones en el último año del sexenio de Marina del Pilar Avila.
Cada año se cuenta con una viabilidad financiera de aproximadamente 10 millones de pesos, en promedio; pero, la Secretaría de Hacienda del Estado espera recibir cada año un recurso más de la Federación con el presupuesto de egresos.

La implementación del Servicio Integral de Equipamiento, Instalación, Mantenimiento e Integración Tecnológica para el Sistema Estatal de Videovigilancia en el Estado estará dividido en dos etapas:
La primera pretende implementarse en el periodo 2022-2023, en la cual se instalarán Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI´s) para cámaras de videovigilancia urbana (tipo fijas y tipo PTZ de rotación periférica), también se implementarán nuevas posiciones y se pretenderán actualizar los existentes tipo Arcos Carreteros, con cámaras especializadas para lectura de placas vehiculares y antenas de lectura del Registro Público Vehicular (REPUVE).

En la segunda etapa del proyecto, que comprende el periodo 2023-2027, se tiene contemplada la implementación de programas especializados de mantenimiento preventivo y correctivo, así como de actualización tecnológica que contribuya a conservarlos permanentemente en condiciones óptimas de operación, durante el periodo referido.

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