Libra FGR orden de aprehensión contra exfuncionario de Bonilla por desvío de $68 MDP

*Actos de corrupción involucran a exsecretario de Educacion Catalino Zavala a quien se excluyó de carpeta de investigación y al exsecretario de Salud Alonso Pérez Rico.

Antonio Heras / Lindero Norte
Mexicali


La Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión en contra de un exservidor público del gobierno de Baja California por el desvío de 68 millones de pesos asignados al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP).

Se trata de Iván López Báez, subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación durante la gestión de Catalino Zavala Márquez, actual secretario General de Gobierno del Estado con Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Se le responsabiliza por la supuesta compra de uniformes escolares durante la época de la contingencia sanitaria por covid 19 cuando se cancelaron las clases en todos los niveles educativos.

Del erario se destinaron 31 millones de pesos para esta compra a una empresa que proveería los uniformes que nunca se entregaron a la administración, además que firmó la factura y pidió que se hiciera una transferencia bancaria para su urgente pago.

Los recursos corresponden al Fondo Nacional de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), mediante el cual el Gobierno de México cubrió el pago de nóminas del personal que ocupa las plazas de Educación Básica y Normal transferidas durante la administración del exgobernador Jaime Bonilla Valdez.

La carpeta de investigación incluye también los 61 millones de pesos por la también supuesta compra de lavamanos para centros educativos de preescolar, primaria y secundaria en la entidad.

En los actos de corrupción también de fondos federales del Instituto de Servicios de Salud de Baja California se investiga al secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, por los delitos de peculado, ejercicio ilícito del servicio público y uso de atribuciones y facultades.

La denuncia penal que incluye a otros cinco exservidores públicos de la administración de Bonilla es por el desvío de 158 millones de pesos del Fondo de Aportaciones de Servicios de Salud (FASSA) del ejercicio fiscal 2021 al adquirir medicamentos con sobreprecios, a través de ocho asignaciones directas.

Desde que concluyó su gestión, en octubre de 2021, Pérez Rico está comisionado en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, sección Baja California y norte de Sonora.