Sin perspectiva de género ni de infancia se imparte «justicia» en BC (1/3)

-La abogada postulante Elvira Luna comparte para Lindero Norte una radiografía sobre el Poder Judicial de Baja California

Antonio Heras/Lindero Norte

Mexicali.- Considerada una puerta giratoria de la delincuencia, el Poder Judicial en Baja California mantiene para los ciudadanos el sello de opacidad, desconfianza y corrupción, además que las “ínfulas de poder” de los jueces contrasta con su falta de perspectivas de género y de infancia en los juicios.

Los jueces se ubican en el tercer peldaño de la corrupción, con un 67.3 por ciento de la población, solo superados por los policías de tránsito y preventivos, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el desempeño de autoridades de seguridad y justicia.

En este estudio se señala que el nivel de confianza de los jueces, a nivel nacional, alcanza apenas el 13 por ciento y, en contraste, la desconfianza es una realidad al menos para ocho de cada diez ciudadanos, según los datos vertidos al INEGI.

Para la abogada postulante Elvira Luna una de las principales carencias es la capacitación en perspectivas de género y de infancia o interés superior de la niñez, a pesar de ser enfoques nada nuevos que representan un rezago para los tribunales penal y familiar, además que la tardanza hace nula o poca eficiente las medidas de protección y medidas cautelares en favor de mujeres y niñas, niños y adolescentes, toda vez que las y los jueces son omisos pese a tener todas las facultades legales para tomar medidas de inmediato.

En una radiografía del Poder Judicial de Baja California, Luna Pineda advierte que en ocasiones los mismos jueces dicen: «pues ya que impugnes, si en segunda instancia o en amparo me ordenan la medida, analizo», mientras tanto con su omisión perpetúan la violencia, los riesgos o violación de derechos de los implicados; perpetuando como lo ha reiterado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los peritos tampoco tienen capacitación en perspectiva de género ni infancia y sus dictámenes inciden de manera directa en las resoluciones judiciales, por lo que es urgente la capacitación constante en estas materias para estos auxiliares de la administración de justicia, cuyo requisito es acreditar experiencia en su ciencia, pero no en enfoque derechohumanista que hoy por hoy no pueden ni deben ignorar.

Tampoco existen criterios unificados en la misma materia pues cada juzgado resuelve de forma diferente, distinta y, en ocasiones, totalmente opuesta. A veces, en el mismo juzgado se acuerda distinto entre una y otra Secretaría, lo que es relevante porque responden al mismo juez.

La tardanza excesiva en los acuerdos es la norma, pues en la mayoría de los casos va, con suerte, de cinco a seis semanas o hasta tres meses, por lo que el principio constitucional de justicia pronta y expedita es un ideal.

En materia familiar se crearon más juzgados en Baja California con la intención de disminuir el rezago en la emisión de acuerdos y fechas de audiencia de los ya existentes pero se incumplió con el ordenamiento de radicar los asuntos a los nuevos, lo que “en la realidad, jamás sucedió. Hoy tenemos que los juzgados anteriores siguen con rezagos y que las fechas de audiencia se fijan en seis meses o hasta más y los juzgados de nueva creación ya entraron en la misma dinámica de rezago”.

Elvira Luna refirió que otros factores para la dilación de la justicia es la falta de equipo y las instalaciones son inoperantes, con hacinamiento, y sin aire acondicionado en Mexicali para las audiencias penales, además que en los juzgados familiares de nueva creación no ha habido acuerdos porque nos dicen que han tenido cortes en el suministro de energía eléctrica.

Personal cambiante, cada que vas a buscar a algún actuario resulta que el anterior ya no está, que hay nuevos y te dicen que les de «chance» porque van llegando, igual pasa en las secretarías de acuerdo, ya que tienen un año que las titularidades de juzgados han cambiado y con ello la rotación de todo el personal de un juzgado a otro, lo que conlleva a que no conozcan los asuntos y se dilaten más los acuerdos o medidas urgentes que se solicitan.

En contraparte, en el Sistema DIF BC también hay cambio constante de personal, los juzgados dependen de sus dictámenes en psicología y trabajo social. Sin embargo, actualmente el DIF está dando fechas para estudios hasta mediados de 2024, después se pide al menos tres meses para enviar sus dictámenes al juzgado; «lo que significa que por esta dilación los asuntos se tardan al menos un año más, de lo por si tardados, en espera de las fechas», señala la abogada al tiempo de advertir que la falta de personal en el DIF es un tema de atención prioritaria para la administración pública por el volumen de juicios en las instancias familiares.

Asegura que se requiere personal suficiente y capacitado en áreas dictaminadoras, toda vez que «un título no acredita que estén capacitados para dictaminar en temas de violencia, desigualdad económica y lo hacen».