- diciembre 5, 2023
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Rechaza SCJN reforma legal del Congreso de BC que afectaba a partidos locales
*El Congreso de BC carece de atribuciones para limitar financiamiento público por lo que invalidó reforma impulsada por diputado Molina
Antonio Heras / Lindero Norte
Mexicali.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de Baja California no tiene atribuciones para limitar el financiamiento público de partidos locales por lo que invalidó la reforma a la Ley Estatal de Partidos Políticos, promovida por el diputado Juan Manuel Molina.
Como en los tiempos del gobernador Jaime Bonilla, la SCJN desechó las leyes y decisiones legales e incluso su ampliación de mandato fue considerado ‘fraude constitucional». Las iniciativas fueron presentadas por el secretario General de Gobernacion Amadro Rododriguez Lozano y aprobadas de manera sustentación por la Comisión de Gobernabilidad, Legislación y Puntos Constirucionales que preside desde la anterior Legislatura Juan Manuel Molina.
En este caso, los ministros advirtieron que los Congresos locales, como es el caso de Baja California, carecen de competencia para regular los montos de prerrogativas de los institutos políticos, toda vez que se encuentra en las reglas contenidas en la Ley General de Partidos Políticos.
La ministra Ana Margarita Ríos Farjat se pronunció por dejar sin efecto un párrafo del artículo 43 de la Ley de Partidos de Baja California, una iniciativa drl diputado morenista Juan Manuel Molina aprobada en el Decreto 231 y publicada el 26 de mayo de 2023 que establecía un «nuevo límite para el monto del financiamiento público al que pueden acceder los partidos políticos locales».
La resolución judicial responde a las Acciones de Inconstitucionalidad 137/2023 promovida por el Partido Encuentro Solidario de Baja California y las acumuladas 140, 141 y 142 de diputados locales de los Grupos Parlamentarios del PESBC, PAN, PT y MC, además de los partidos del Trabajo y Acción Nacional.
El 11 de mayo se aprobó en el pleno del Congreso local el decreto sustentado por el diputado Molina en los principios de austeridad justicia social y la reorientacion de gasto público ya que traería consigo un ahorro de 28 millones de pesos anuales que se destinaría a gasto social.
