Las dos caras del Poder Judicial de Baja California. (video)

La integridad del Poder Judicial de Baja California se encuentra bajo el escrutinio público tras una serie de decisiones que contradicen los principios de apertura y democracia que se pretendían instaurar con la reciente reforma judicial. En menos de un año, la institución, liderada por el magistrado presidente Isaac Fragoso, ha transitado de un modelo que prometía la democratización de los juzgados mediante el voto popular a uno que revive las prácticas de designación directa.

Esta dualidad operativa ha colocado al Poder Judicial en el ojo del huracán, no solo por el elevado costo de sus seguros de gastos médicos mayores a cargo del erario, sino por la falta de transparencia en la designación de 11 nuevos jueces en las materias laboral, penal y administrativa. Contrario a la expectativa de una convocatoria abierta con evaluaciones estrictas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado ha optado por seleccionar a los nuevos juzgadores de entre un grupo cerrado de 80 abogados de carrera judicial, considerados la «reserva» de la institución. Estos perfiles, que en procesos anteriores no fueron seleccionados o carecían de respaldo político, serán ahora nombrados mediante acuerdos de cúpula que evocan las viejas prácticas partidistas.

La controversia se intensifica al revelarse que la lista de los 11 elegidos ya estaba definida desde semanas antes, bajo la mayoría de los 17 magistrados. Las críticas señalan que el tiempo transcurrido solo sirvió para intentar justificar técnicamente calificaciones o grados académicos de los seleccionados. Además, se cuestiona la planeación financiera, ya que apenas hace un mes se solicitó una ampliación presupuestal de 11 millones de pesos para estas plazas, evidenciando una falta de previsión o una estrategia apresurada. Este escenario se suma a las lagunas en la aplicación del artículo 65 constitucional, que estipula que la creación de nuevas magistraturas debe pasar por una terna sometida al Congreso por el Ejecutivo, lo que para muchos representa una simulación que debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia estatal.

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