Bien dicen que lo barato sale caro, la apuesta de contratar guardias institucionales (video)

El sistema penitenciario de Baja California enfrenta una crisis de seguridad debido a la contratación de «guardias institucionales», una modalidad de seguridad privada interna implementada para reducir costos y evitar trámites burocráticos. Estos elementos carecen de la formación académica requerida, no han cursado la academia y no se someten a exámenes de control de confianza como el antidopaje. A pesar de que su función original era administrativa y de apoyo básico, la falta de custodios oficiales ha provocado que sean asignados a zonas críticas como torres de control y vigilancia de celdas, aun cuando no están autorizados para portar armas de fuego.

Esta deficiencia operativa ha derivado en incidentes graves. El 6 de enero, en la cárcel de Mexicali, un interno sentenciado intentó escapar ocultándose en los baños y saltando hacia el área de mujeres; el guardia institucional a cargo de la torre no notificó el evento a tiempo ni contaba con equipo para frustrar la fuga. Un caso similar ocurrió en agosto de 2023 en el penal de El Hongo, donde un reo de alta peligrosidad escapó de una zona bajo la vigilancia de estos mismos guardias.

A la falta de profesionalismo se suma una aparente irregularidad financiera: aunque el sueldo nominal de estos guardias es de 21,000 pesos, en la práctica solo perciben 14,000 pesos, lo que sugiere que terceros se benefician de este esquema. La situación refleja una gestión penitenciaria vulnerable donde la economía presupuestaria ha comprometido la seguridad del estado y la eficacia en la custodia de los internos.

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