El Gabinete Ilegal de la Gobernadora Marina del Pilar (video)

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabeza actualmente una administración con un gabinete ilegal por más de seis semanas. Esta situación deriva del incumplimiento de la reforma constitucional en materia de paridad de género, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual exige una composición equitativa de hombres y mujeres en la titularidad de las dependencias estatales y municipales. Pese a que se otorgó un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones pertinentes, la dinámica interna del gabinete parece estar dictada más por intereses políticos y mediáticos que por el cumplimiento normativo.

En este contexto, se ha observado una presión creciente para remover de su cargo al secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas. Estas acciones no responden a una evaluación técnica de su desempeño o de las políticas públicas implementadas, sino a una estrategia de diversos grupos que buscan posicionar a figuras cercanas de cara al proceso electoral de 2027. Se ha señalado que incluso se han utilizado estructuras sindicales para generar inestabilidad en la Secretaría de Salud, proyectando la administración pública como un tablero de cuotas políticas en lugar de un órgano de servicio ciudadano.

Es preocupante que los cargos públicos sean utilizados como mecanismos para enaltecer imágenes personales con recursos del Estado. En el caso de Medina Amarillas, su gestión ha estado marcada por la gestión de proyectos de infraestructura en Mexicali y Tijuana ante la Federación, de los cuales la ciudadanía aún espera cuentas claras sobre el destino y aplicación de los fondos. Aunque su falta de experiencia en la grilla política le ha permitido actuar como un gestor operativo en crisis como la transición al sistema IMSS-Bienestar, también lo ha dejado vulnerable ante el golpeteo de sectores que priorizan la rentabilidad política sobre la gobernabilidad. Los cambios en el gabinete son necesarios para cumplir con la ley, pero estos deben basarse en el bienestar de la población y no en las ambiciones de asesores externos o disputas internas de poder.

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