Demandan resultados de policía cibernética contra extorsión en BC

Antonio Heras

Mexicali

La extorsión a comercios provoca el cierre de cientos de negocios y la pérdida de empleos en Baja California, mientras que la mayor parte de las amenazas y cobros de “derecho de piso” continúan operándose desde los centros penitenciarios, acusó la petista Yohana Gilvaja.

Por ello pidió que un informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana donde

rinda cuentas sobre el desempeño y recursos de la recién creada Unidad de Prevención de Delitos Cibernéticos.

“La inseguridad que hoy padecen miles de comerciantes en Baja California no es producto del azar ni de la casualidad, es consecuencia directa de la inacción de las autoridades encargadas de garantizar nuestra seguridad; no necesitamos más leyes, necesitamos que se pongan a trabajar”, expresó Gilvaja.

Advirtió que mientras los delincuentes actúan con rapidez y organización, las instituciones se mueven lento, reaccionan tarde y en muchos casos simplemente no reaccionan ante llamadas a pequeños y medianos comerciantes, mensajes y amenazas por redes sociales y aplicaciones de mensajería, en su mayoría desde centros penitenciarios para cobrarles derecho de piso, imponerles cuotas, dictarles horarios y decirles cuándo abrir y cuándo cerrar.

La extorsión se ha normalizado y se ha vuelto parte del paisaje cotidiano, los delincuentes actúan con rapidez, organización y uso intensivo de la tecnología, señaló ña petista, sr trata de un delito no solo destruye economías familiares, también rompe el tejido social y expulsa inversiones, de modo que cada negocio que cierra por miedo representa una derrota colectiva y una señal de alarma que exige respuestas inmediatas.

Yohana Gilvaja demandó resultados de la Policía Cibernética en el combate a la extorsión, subrayando que la unidad no puede quedar en papel y debe contar con recursos, personal capacitado y facultades reales para enfrentar el delito.